La Fiscalía ha ratificado este viernes su intención de solicitar prisión permanente revisable por un presunto delito de asesinato para Ana María B.L., la mujer que en octubre de 2019 acabó con la vida de su hijo Sergio de siete años de edad en su domicilio de Huércal de Almería (Almería), al entender que aunque en ese momento podía tener alteradas parcialmente sus facultades psíquicas conforme al informe de los forenses, dicha afectación era "leve" y no anulaba sus capacidades.
Así lo ha manifestado en la última sesión del juicio previa a la deliberación por parte del jurado popular que se encarga de juzgar a la acusada, quien ha hecho uso de la última palabra para pedir "perdón" a su hijo así como a su expareja y sus familiares, quienes han seguido diariamente la vista oral en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.
"Aunque no lo crean, no sé por qué lo hice", ha dicho la acusada a los miembros del jurado y el tribunal presidido por la magistrada Alejadra Dodero, ante quienes ha rechazado que actuara por "venganza" por la posibilidad de perder la custodia del menor que, en los días previos al crimen, se había disputado en sede judicial. "Hoy estoy aquí para ser juzgada, pero mi condena ya la tengo de por vida, he perdido a mi hijo y no lo voy a recuperar jamás", ha añadido.
Para el Ministerio Público, la acusada se movió bajo una "alteración parcial y leve" de sus facultades volitivas a raíz de un trastorno psicótico agudo y transitorio que arrastraba desde el mes de julio, lo que se puso de manifiesto no solo por los forenses del IML sino por los agentes y testigos que trataron después con ella, quienes vieron una actitud "anormal" en la mujer.
No obstante, dicho aspecto no es suficiente, a su parecer, para imponer una condena menor a la solicitada inicialmente ante los indicios de culpabilidad hallados en Ana María B.L., quien reconoció acabar con la vida de su hijo asfixiándolo con el cordón de un albornoz en su dormitorio, de modo que la víctima "no tuvo oportunidad alguna de defenderse".
En este sentido, ha puesto en duda la declaración de la acusada, quien en sala aseguró no recordar nada de lo sucedido a causa de una "amnesia inexplicable" pese a que, tras su arresto, pudo narrar todo lo ocurrido ante los agentes y durante la primera fase de instrucción.
A esto, ha sumado los capítulos de "acoso" a la familia paterna del menor en las semanas antes del crimen y el "miedo" que, según los testigos, le tenía el niño. "Entendemos que es peligrosa y en prisión tendrán un tratamiento adecuado para su enfermedad y reinserción", ha sostenido la fiscal.
La Fiscalía también ha sostenido su petición adicional de 18 meses de prisión por un delito de atentado al entender que la acusada, después de coger el cuerpo del menor y dirigirse a las Norias de Daza en El Ejido con su coche, "desatendió" las órdenes de la Guardia Civil cuando se vio acorralada por los agentes, con lo que "intentó atropellar varias veces" a los agentes.
Igualmente, ha rechazado la posibilidad de aplicar atenuantes por reparación de daño alguna porque "no ha consignado ni un euro" para la familia en concepto de indemnización, toda vez que la confesión de hechos habría quedado denostada al no haber declarado en sala porque no "recordaba nada"
A diferencia de las acusaciones particulares, la Fiscalía considera que el daño producido al padre y abuelos paternos del menor por la muerte del niño no puede tener un "reproche penal adicional" mediante un delito de lesiones psíquicas o contra la integridad moral, puesto que dicha consecuencia ya quedaría incluida en el propio delito de asesinato.
Las acusaciones particulares han recalcado, en este sentido, que tanto el padre del menor como sus abuelos siguen bajo tratamiento psicológico a causa del crimen. "Por supuesto la primera víctima fue su hijo, pero también quería hacerle daño al padre por todo lo que les hemos venido contando", ha indicado la letrada Antonia Castillo, para quien la mujer actuó movida por herir al progenitor.
"En ningún momento quería que la familia del padre estuviera con el niño, era su posesión y con el niño se hacía lo que ella quería", ha insistido la acusación particular ejercida por el padre, quien ha recalcado el informe forense de parte en el que los expertos aseguraban que el trastorno psicótico que padecía "había remitido total y absolutamente cuando fue dada de alta", con lo que habría cometido siendo ella "totalmente consciente" y bajo una actitud "premeditada", según ha respaldado la segunda acusación.
Por su parte, la defensa ha insistido en que la acusada es una persona que está "enferma" y "está diagnosticada". "Ana no es rara, es una persona enferma por una herencia genética", ha insistido la abogada, para quien los síntomas que padeció tras el episodio de trastorno psicótico agudo del verano no llegó a estabilizarse en la fecha de los hechos.
En la misma línea, ha incidido en los actos que protagonizó los meses antes con una "actitud acosadora, obsesiva y de descuidado" hacia su hijo se debían a esa enfermedad, lo que llevó también a tener un comportamiento "ilógico" el día del crimen, cuando se dirigió con el cadáver del menor hasta las Norias de Daza, según ha valorado.
Con ello, ha apelado a los miembros del jurado para que, en caso de que tengan algún tipo de duda sobre la imputabilidad de la acusada, opten por el principio de 'in dubio pro reo'. "Espero una valoración justa y, si no están convencidos, no voten por eso", ha dicho.
UN "CLARO ERROR" DEL SISTEMA
Las acusaciones han incidido en la "campaña de acoso y derribo" que inició la acusada cuando en abril de 2019 perdió un juicio por malos tratos tras haber denunciado al padre del niño, momento a partir del cual empleaba al menor como "moneda de cambio", para lo que le "privaba de llamadas durante días", "no le daba de comer" o "no lo llevaba al colegio", con el ánimo de hacer daño a la familia paterna, quien interpuso denuncias ante la Guardia Civil y alertó a los servicios sociales y la dirección del colegio.
"La familia llevaba muchos meses pidiendo ayuda y no les hicieron ningún caso", ha recalcado la abogada de los abuelos, quien ha detectado un "error claro en el sistema" que ha dado lugar a que los familiares tengan "lesiones psíquicas incurables e irreparables" por las que interesan una condena adicional a la prisión permanente revisable.
Sobre este aspecto, la fiscal también ha reconocido que pudo producirse "algún fallo por lentitud" o por la "burocracia de todas las administraciones" antes de pedir expresamente que condenen a la acusada. El objeto de veredicto será entregado el próximo lunes al jurado para su deliberación.
