El concejal delegado de Patrimonio, Gabriel Orihuela, ha manifestado que "no es ésta la mejor noticia que se podría haber obtenido al respecto, pero que al menos da el tiempo necesario para llevar a cabo las medidas judiciales previstas de forma más sosegada".
Como primer paso, se ha solicitado al juez una "anotación preventiva de demanda", de forma que se haga constar en la nota registral simple correspondiente a la finca que dichos terrenos están sometidos a un proceso judicial, y se haga desistir de presentar ofertas a compradores en potencia. De forma paralela, el gabinete jurídico ha comenzado la preparación de un contencioso administrativo.
Gabriel Orihuela ha manifestado que el equipo de gobierno está dispuesto a agilizar el proceso con todos los mecanismos legales a su alcance, pero que, no obstante, está también abierto al diálogo y negociación con Defensa, con propuesta económica incluida, para cesar con la actuación y que las 140 hectáreas queden liberadas del conjunto de terrenos que se pretenden subastar.
