El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible del Gobierno contempla una Comisión de Propiedad Intelectual para impedir la vulneración de la propiedad intelectual en internet con medidas como el cierre de las web sin que un juez lo dictamine.
Esa propuesta excitó un movimiento de resistencia en la red, materializado en un manifiesto que ya han suscrito miles de internautas y blogueros, un “revuelo” que a la ministra, según dijo ayer en el Senado, le parece “positivo” porque, dice “demuestra lo viva que está”.
Tras la reunión de ayer, Ángeles González-Sinde, subrayó que su departamento sigue abierto a “mejorar” y “escuchar” todas las opiniones, que habrá más citas porque “hay mucho que aprender, hablar y debatir”, y que la ley “tiene muy claro” que protege y garantiza derechos fundamentales “como el de libertad de expresión”.
Incidió en que la nueva norma sólo pretende afrontar “el problema de la oferta ilegal” y no el uso que puedan hacer los ciudadanos de internet y que todos coinciden en “que hay que abordar una nueva manera de trabajar” en la red, aunque todavía no se haya encontrado “la solución perfecta”.
Los 14 blogueros y especialistas en internet que acudieron ayer a la reunión convocada por González-Sinde fue contada por ellos mismos en tiempo real a través de mensajes públicos instantáneos en Twitter, en los que calificaron el encuentro de “tenso” y “decepcionante” aunque han quedado citados de nuevo para después de Navidad.
El ex director del diario Público y autor del blog Escolar.net, Ignacio Escolar, aseguró tras la cita que salía de la misma “más preocupado de lo que venía”.
A su juicio, las nuevas medidas permitirán el cierre de páginas albergadas no sólo en servidores de España, sino en otros países, de forma que el internet que “veríamos” en España no sería “el mismo que en Francia o Estados Unidos”, algo “peligrosísimo” y que se hace en países como China o Cuba, “no en los democráticos”.
“No se puede vulnerar un derecho básico sin el derecho a un juicio, ni convertir en administrativo algo tan serio como cerrar una página web”, añadió Escolar.
A otro de los asistentes, Enrique Dans, profesor de Tecnología del Instituto de Empresa, le parece que la norma es “antidemocrática y equivalente a la Ley Corcuera”, y que la Comisión es una suerte de “policía de internet” que releva a los jueces a un papel secundario.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, precisó, tras comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso, que el cierre de páginas web deberá contar siempre con “control y autorización judicial”, a la que la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá que comunicar sus decisiones.
Es, subrayó, “compatible” que la Comisión inste al cierre de las web y que luego se le comunique a la autoridad judicial “para que adopte las medidas necesarias”.
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, coincidió con Escolar en que la medida anunciada le parece propia del régimen comunista chino porque podría “secuestrar” páginas web, y aseguró que el Gobierno crearía así “una policía del pensamiento” o “un comité de salud pública internáutica”.
Los grupos parlamentarios catalanes ERC y CiU criticaron que el Gobierno pretenda proteger la propiedad intelectual en internet “por la puerta de atrás”, a través de una enmienda de un anteproyecto de Ley y recordaron que existe una Subcomisión en el Congreso de los Diputados creada ad hoc para tratar este asunto.
