El Supremo obliga al Estado a pagar 182 millones a Castilla y León por el IVA de 2017

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León y ha obligado al Estado a pagar a esa comunidad los 182 millones que se le adeudan de la liquidación del IVA del 2017, con 120,5 de forma directa y 61,5 más del nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado.

Según ha explicado la Consejería de la Presidencia de la Junta este martes en un comunicado, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León ha recibido la notificación de esa sentencia del Supremo, de fecha 19 de abril de 2021, "la primera dictada en España al respecto".

La Junta ha incidido en que esa resolución judicial "puede abrir la vía a los recursos de las demás Comunidades Autónomas en idéntica situación, lo que supondrá para el Estado analizar el pago de hasta 4.150 millones".

El recurso de la Junta, remarcó que en ningún caso se estaba efectuando un recurso contra la liquidación definitiva tributaria de ese año, efectuada y comunicada por el Estado a la Junta en el año 2019, en la que faltaba el computo de un mes de IVA, es decir, no se pedía la revisión de dicho acto, sino que se formulaba una reclamación nueva de cantidad por un importe igual a la cantidad dejada de percibir, por lo que no había un acto consentido y firme.

Al respecto, reconoce el Tribunal Supremo que "con la interposición del presente recurso, la recurrente no pretende la revisión de la liquidación practicada con fecha 30 de julio de 2019, sino, únicamente, que se compense el desfase financiero provocado por el Real Decreto 596/2016".

Los servicios jurídicos de la Junta alegaron la pérdida de ingresos que supuso no contar con esa cantidad por un cambio en el modelo de liquidación, "una pérdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación" que había "vulnerado su autonomía financiera".

Y en ese sentido, recoge la resolución judicial que "debe afirmarse que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma".

La Junta también alegó que "los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las Comunidades Autónomas, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado".

La Junta interpuso el recurso el pasado 25 de septiembre, después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban esos 182 millones.