La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha prorrogado con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía el convenio para el desarrollo del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección.
Durante el acto de firma, han estado presentes el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz; el delegado provincial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Antonio López; el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez; y representantes de los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba.
En este contexto, Ruiz ha subrayado que "para nosotros es fundamental esta labor que realizamos porque está dedicada a los más vulnerables, a nuestra infancia, y con ello lo que hacemos es atender desde la Diputación a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes con cuatro equipos formados por trabajadores, educadores sociales y psicólogos".
En virtud de este acuerdo, según ha señalado Ruiz, "la cuantía económica dedicada a este fin alcanza los 632.164 euros, de los cuales la Diputación aporta la cantidad de 319.139 euros y la Consejería aporta 355.224 euros". El presidente de la Diputación ha destacado que "se ha hecho un esfuerzo para aumentar en más de 42.199 euros nuestra aportación".
Finalmente, ha valorado que "es un servicio básico que prestamos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, es la primera atención de la que disponen las familias para tratar determinadas cuestiones y evitar otras medidas más drásticas como sacar el menor de la familia".
El objetivo del convenio es proporcionar a las familias un tratamiento específico que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo o desprotección que pueda afectar al bienestar de los menores.
En 2020, un total de 300 menores de 139 familias cordobesas fueron atendidos; 57 de esas familias se incorporaron ese año al programa. Del total de casos, el 80 por ciento han conseguido los objetivos de tratamiento familiar por lo que el grado de consecución de los mismos es muy alto.
En cuanto a la tipología de familias, destacan las biparentales y, detrás de estas, aquellas en las que los padres están separados o divorciados y tienen la custodia compartida. Si se analizan las situaciones de desprotección trabajadas por los equipos, se desprende que en el 72,56 por ciento de ellas se da negligencia, en el 46,34 por ciento maltrato psicológico o emocional, en el 30,79 por ciento incapacidad parental de control de conducta y en el 7,32 por ciento de los casos hay maltrato físico.
Respecto a los indicadores de riesgo asociados a los menores, destacan los problemas de comportamiento en el 37,80 por ciento de los casos, los problemas psicológicos en un 30,18 por ciento, la exposición a la violencia de género en el 22,87 por ciento, la asunción de roles parentales en un 10,06 por ciento y absentismo escolar en el 9,45 por ciento de los casos.
