Cuatro detenidos por el fraude de 1,6 millones en ayudas a la reindustrialización

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a tres antiguos responsables de un grupo empresarial del sector aeronáutico y a un constructor por un fraude de 1,6 millones de euros de ayudas públicas concedidas para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz.

Los hechos fueron denunciados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María (Cádiz) en el año 2017 por la actual directiva del grupo empresarial "Mecanizados y Montajes Aeronáuticos", un principal proveedor del sector aeronáutico de la Bahía de Cádiz.

En su denuncia, según explica hoy la Policía, relataron que habían recibido una reclamación del Ministerio de Industria que les pedía la devolución de tres "Préstamos a la Reindustrialización" con un valor total de 1.600.000 euros de fondos destinados a ayudar a la reindustralización de la Bahía de Cádiz,

Las ayudas fueron solicitadas por la anterior directiva del grupo empresarial entre los años 2013 y 2014 para la creación de un nuevo centro productivo en el Parque Tecnológico "Tecnobahía" de El Puerto de Santa María, así como para la adquisición de nueva maquinaria, un proyecto con el que pretendían aumentar la producción de la empresa, hacer despegar su presencia en el mercado internacional y su facturación anual.

Pero el proyecto se quedó en el esqueleto de la nave.

Tras varios meses de pesquisas, investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de El Puerto de Santa María comprobaron cómo se había tejido un entramado de facturaciones falsas para justificar las inversiones en las que se había empleado la subvención.

Dos de los detenidos, y principales investigados, son el antiguo administrador único y propietario del grupo empresarial y un familiar, que desempeñaba el cargo de responsable del área financiera y contable de la empresa.

Ambos, junto a una tercera persona, manipulaban supuestamente las facturas emitidas por sus proveedores, para posteriormente utilizarlas para justificar ante el Ministerio de Industria la aplicación de las ayudas públicas.

El cuarto detenido es un conocido constructor de la localidad gaditana de Espera que llegó a facturar al grupo cerca de medio millón de euros por trabajos nunca realizados y de los que llegó a cobrar más de cien mil euros.

Los agentes han descubierto que veinticinco empresas proveedoras se vieron afectadas, sin saberlo hasta ahora, por la manipulación de sus facturas.

Con las facturas falsas "conseguían dar apariencia de legalidad ante los ojos de los inspectores del Ministerio de Industria" a la circulación de dinero entre las cuentas bancarias de las distintas mercantiles del grupo para sanear sus descubiertos bancarios.

Los antiguos responsables de esta empresa tampoco liquidaron nunca los pagos por IVA de las facturas falsas que presentaron a haciendo, algo que ha agravado más la situación financiera a la actual directiva del grupo ya deben hacerse cargo de esta deuda ante la Agencia Tributaria.

Con los recargos por el retraso, la cifra por este concepto asciende a cerca de medio millón de euros.

Con ello los investigadores cifran en dos millones y medio de euros los perjuicios generados por la anterior directiva del grupo empresarial.

Por ello éstos han solicitado el bloqueo de 24 cuentas bancarias y el embargo preventivo de 17 inmuebles y 11 vehículos, para garantizar el pago de las responsabilidades civiles de los detenidos.

Los anteriores responsables están acusados de los delitos societario, falsedad documental, fraude de subvenciones y pertenencia a grupo criminal, mientras que el constructor de los delitos de falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal.