El Grupo Municipal del PSOE de Turre (Almería) ha comunicado este lunes su decisión de abandonar el gobierno local que sostenía con la formación Somos Turre después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo para llevar a cabo la alternancia en la Alcadía ante la negativa de esta última agrupación de votar a favor de la hasta ahora teniente alcalde y candidata socialista María Isabel López, quien en noviembre se enfrenta a un juicio por prevaricación en el que la Fiscalía le pide 12 años de inhabilitación.
Tanto López como los otros tres concejales socialistas Pedro Jesús González, Rosa López y Catalina María Balastegui han registrado este mismo lunes un escrito en el Ayuntamiento en el que han mostrado su renuncia a formar parte del equipo de gobierno ante lo que consideran un "incumplimiento" del pacto de gobierno por parte de Somos Turre, a la que pertenece el alcalde de la localidad, Martín Morales (IU).
"El actual alcalde debía haber dimitido para que el PSOE de Turre tuviera ya la Alcaldía. Los acuerdos se firman para cumplirlos, no valen excusas", ha valorado la concejal socialista a través de sus redes sociales, en las que ha mostrado la renuncia pública de los cuatro ediles a las competencias que tenían hasta ahora, a sus retribuciones y a ser miembros de la junta de gobierno. En su caso, también renuncia a la tenencia de Alcaldía.
Esta situación, que deja al gobierno local con dos ediles mientras que el PSOE pasa a formar parte de la oposición con cuatro más los cinco del PP, se produce tras una semana de negociaciones entre representantes de ambas agrupaciones así como de miembros orgánicos del partido, aunque durante sus encuentros ninguna de las posturas se ha movido.
"NO TENGO NINGÚN APEGO AL CARGO"
El alcalde de Turre ha confirmado a Europa Press que durante la reunión que se mantuvo la pasada semana entre miembros de PSOE e IU para tratar de desbloquear la situación ninguna de las posiciones cedieron, a pesar de que desde su formación se ofrecieron amplias competencias a la candidata socialista a cambio de renunciar a la Alcaldía al menos hasta que se solucione su situación procesal.
"No tengo ningún apego al cargo, pero queremos dejarlo en manos de alguien que no esté imputado. Todo lo demás es redundar en lo mismo", ha dicho el primer edil turrero, quien ha afirmado que el encuentro fue "muy breve" ya que todo fueron "negativas" a las propuestas que se hicieron para mantener el acuerdo de gobierno, entre ellas, que se eligiera a otro candidato a la Alcaldía sin causas con la justicia. Morales llegó a registrar su dimisión una semana antes de llegar al ecuador del mandato, pero luego la retiró al no alcanzar un acuerdo sobre el candidato socialista.
Antes de conocerse la decisión final de los socialistas, desde el grupo Somos Turre tenían prevista una reunión en la que acordar las medidas de cara a intentar solucionar la situación, de modo que ninguna de las opciones pasa por "levantar la mano" a favor de investir a una persona sobre la que se mantienen serias "sospechas" por sus acciones anteriores como alcaldesa.
Por su parte, la Ejecutiva Provincial del PSOE ha respaldado a su candidata sin plantearse un cambio de alcaldable al entender que las acusaciones que pesan sobre López no constituyen un delito de corrupción reprobable en el código ético del partido.
La Fiscalía interesa la inhabilitación de López, quien en septiembre de 2018 ocupaba el cargo de alcaldesa, al entender que adoptó una "decisión" que supone una "infracción del deber de objetividad en los intereses generales" al denegar "arbitrariamente" a un empresario feriante la instalación de su "tradicional" puesto de turrones en la "misma ubicación" del recinto ferial que ha ocupado "durante tres generaciones" desde 1949.
El Ministerio Público remarca que su acción tuvo como consecuencia que el perjudicado "no pudo instalar su puesto" en la feria de San Francisco. Así, añade que el rechazo a la solicitud del feriante "de tercera generación" lo fundamentó con la frase "con la finalidad de evitar incidentes de calado, como el protagonizado por usted en su despacho" y afea que denegó la solicitud de forma "reiterada" en dos ocasiones a la instalación del negocio.
La exregidora será enjuiciada en una vista oral señalada ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería el próximo 2 de noviembre como presunta autora de un delito de prevaricación. El Ministerio Público, al margen de la pena de 12 de años de inhabilitación para empleo y cargo público, interesa que la hasta ahora teniente de alcalde indemnice al empresario con la cantidad que se fije en la ejecución de sentencia por los "perjuicios causados".
