El Tribunal de Cuentas fija inicialmente en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría inicialmente que satisfacer el president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, han señalado fuentes jurídicas a Europa press.
Esta cantidad se sumaria al resto que se reclaman de forma provisional al también expresident Artur Mas, los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull o otros 37 altos cargos. Se les reclaman a cada uno cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria, según fuentes del órgano contable consultadas.
La liquidación provisional que se conoce este martes se suma a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.
Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas.
El primero de los abogados en acudir a la sede de la calle Torrelaguna, 79, en Madrid ha sido el letrado del expresidente catalán huido Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
QUEJAS DE LOS ABOGADOS
"Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegrará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse.
En este sentido ha denunciado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Cataluña, por la vía de coartar la acción exterior de Cataluña, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".
Francesc Homs, otro de los letrados en el procedimiento, quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. También ha reprochado que los abogados enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa, en referencia a los 5,4 millones que según publicó El País tendrán que abonar. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.
En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de "Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.
