Ecologistas en Acción ha presentado este lunes un escrito al Consejo de Ministros al que urge a "ordenar ya" la limpieza de la tierra contaminada en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) con "fijación de plazo" para llevarla a efecto, y a buscar un almacenamiento "temporal" para los 6.000 metros cúbicos de residuos radiactivos resultantes de la limpieza, tal y como se recoge en el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 que fija el límite máximo permisible de contaminación en 1 bq/g de americio 241.
El colectivo conservacionista ha elevado un escrito en los mismos términos al Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) al considerar que, al margen de las conversaciones con EEUU al que el Gobierno de España condiciona la limpieza, "corresponde" a este organismo iniciar la rehabilitación para "posteriormente encontrar almacenamiento definitivo a los residuos que no tiene que ser necesariamente en EEUU".
Los dos escritos, consultados por Europa Press, llegan después de que la Audiencia Nacional (AN) haya rechazado, con dos votos particulares y en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo que se remontan a 2017, fijar plazo para obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a ejecutar el plan de limpieza alegando que no tenía competencias ejecutivas para hacerlo.
La sentencia, hecha pública el pasado jueves, apuntaba a la Administración del Estado como la que tenía esas competencias ejecutivas y ahora Ecologistas en Acción remite el escrito al Consejo de Ministros ya que a el corresponde "la aplicación de la normativa nuclear vigente" para ordenar al Ciemat la descontaminación que, por otro lado, exige la Comisión Europea que ha dado de plazo a España hasta finales de 2021 para informar de los progreso alcanzados en este sentido.
En su escrito, recuerda que el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el CSN en 2010 que prevé su desarrollo en un plazo de tres años que se han superado ampliamente y destaca que el documento prevé la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra para reducirla a 6.000 metros cúbicos, con un coste de unos 30 millones de euros, transporte incluido, y con informe favorable de la Comisión Europea en base al artículo 35 del Euratom.
Reitera el colectivo conservacionista, al igual que hiciese en el pleito impulsado ante la Audiencia Nacional, que en 2015 debido a las negociaciones con EEUU, el pleno del CSN "modificó los criterios radiológicos ampliando de un bequerel metro cuadrado (bq/m2) de Americio 241 hasta 4 bq/m2, reduciendo la cantidad de tierra a tratar de 50.000 m3 a 28.000 metros cúbicos, con lo cual el problema seguirá sin solucionarse".
MÁS DE 5.000 KILOS DE MATERIAL RADIACTIVO EN DOS CONTENEDORES
En sus nuevas demandas, incluye no solo plutonio "enterrado ilegalmente en 1966" en zanjas cuya existencia los votos particulares de dos magistrados de la Audiencia Nacional sí dan por probada, sino también "el almacenado en los contenedores para verduras y que constituyen una instalación nuclear definida en el artículo 11 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y las zonas no tratadas que constituyen un área contaminada prevista en el artículo 81 del Real Decreto 35/08".
El almacenado de 5.152 kilos de material radiactivo en contenedores de verduras al que hace referencia fue reconocido por el Ciemat en 2019. Admitió el traslado al área bajo vigilancia radiológica de Palomares de casi seis toneladas de este material en cuatro envíos desde 2011 aunque siempre ha sostenido que "no supone un incremento del riesgo radiológico", ya que supone un 0,0000378 por ciento del total de la actividad radiológica que ya se registra en la zona. El citado material, tal y como indico a la propia Audiencia Nacional, provendría "exclusivamente de muestreos y sondeos" realizados en la zona a lo largo de los años.
En ambos escritos remitidos al Consejo de Ministros y al Ciemat como órgano ejecutor, Ecologistas en Acción pide la desclasificación no solo del Plan de Rehabilitación, sino también del documento del Department of Energy de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CSN en fecha 17 de julio de 2015 con registro de entrada 12338, titulado Evaluation of Alternatives for Remediation of Soil of Contamination at de Palomares Accident Site (DOE/NV-1536) y el Anexo del acta de la sesión celebrada en el CSN el 22 de julio de 2015 donde se recogen los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados por el accidente de Palomares.
"La absoluta totalidad del PRP aprobado por el CSN en la sesión celebrada el 5 de mayo de 2010 ha sido publicada en números artículos, libros, revistas, e incluso su autor ha dado numerosas
conferencias explicando detalladamente el PRP, por lo resulta incongruente mantener clasificado un documento que ha sido ya publicado en su totalidad y del que se conoce absolutamente todo su contenido", concluye el colectivo conservacionista.
VOTO PARTICULAR A FAVOR DE QUE CSN CULMINE TRABAJOS EN PLAZO RAZONABLE
En un voto particular, dos de los magistrados de la sala, que señalaron la "falta de transparencia e información" en la gestión de este asunto, entiendieron que la demanda debió estimarse en parte, encomendando al CSN, en el ejercicio de su condición de organismo regulador independiente único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, "el impulso de la culminación del proyecto de rehabilitación".
Posteriormente, según añadieron, de los trabajos para el mantenimiento de las tierras contaminadas, "fijando a tales efectos un plazo razonable para la ejecución de estos cometidos y el cese de una situación que la población de Palomares lleva soportando más de 55 años".
Estos magistrados defienden, a diferencia de la mayoría del tribunal, que el CSN es la autoridad competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para impulsar la adopción de medidas efectivas de intervención en el área contaminada.
CONTAMINACIÓN EN 72 MUESTRAS RECOGIDAS EN SEPTIEMBRE DE 2020
Según los últimos datos que han trascendido, el CSN reanudó la medición de plutonio en el área bajo vigilancia radiológica ambiental con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis que dieron como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.
Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y, hasta noviembre, se recogieron y trataron 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.
El informe preceptivo remitido a la CE por el regulador atómico español concluyó que estos 107 análisis dieron como resultado la identificación de "72 emisores alfa", si bien precisó que solo se había completado la medición de 25 para "determinar" la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.
En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, prevé la "recogida y análisis anual" de muestras de carne de conejo en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo tras caer de un bombardero estadounidense en 1966.
