Una década del "sacrificio" que hizo Francisco Camps al dimitir por los "cuatro trajes"

Francisco Camps parecía tenerlo todo a su alcance para ser el sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP pero una sola palabra, la que definió no solo una trama corrupta sino un tsunami de investigaciones policiales y judiciales en la política española, le cortó las alas. Hace diez años, Gürtel truncó su carrera.

Aquel 20 de julio de 2011, Camps dimitió como president de la Generalitat Valenciana en lo que él mismo calificó como un "sacrificio personal, político y familiar". Fue un discurso largo, defensivo, trufado de gratitud hacia los suyos y de ataques a la izquierda, loas a la identidad valenciana y un mensaje claro: era "completamente" inocente de las "barbaridades" que se decían sobre él, algo que ha seguido repitiendo todos estos años.

Fue una jornada maratoniana a cuenta de la conocida como "causa de los trajes" -cuatro, según decía- por la que meses después fue absuelto junto a quien había sido su "número dos" en el PPCV, Ricardo Costa, con el que acabó enemistado tras la decisión de este último de rebelarse contra el partido por ser el "cabeza de turco" de María Dolores de Cospedal para intentar salvar al PP ante el avance imparable y diseminado de la trama Gürtel.

Ese 20 de julio, Camps debía acudir al Tribunal Superior de Justicia para aceptar su conformidad y el pago de una multa en una causa concreta donde figuraba como imputado, la que investigaba la supuesta recepción de trajes y otras prendas de vestir de la trama Gürtel como agradecimiento por los contratos que recibían desde administraciones gobernadas por el PP en la Comunitat Valenciana.

Cinco días antes, el magistrado instructor del TSJCV decidió abrir juicio contra él ante un tribunal popular y varios procesados más por un delito continuado de cohecho pasivo impropio, al apreciar indicios de que la red corrupta supuestamente pagó unas prendas de vestir adquiridas por el president y el resto de imputados.

Dos de ellos, su vicepresidente Víctor Campos y el jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, aceptaron su culpabilidad y el pago de la multa más alta por este delito.

Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, cuando se esperaba que Camps firmara esa conformidad, el entonces president de la Generalitat y líder del PPCV, amigo íntimo de la entonces "alcaldesa de España", Rita Barberá -quien le hizo debutar en política como concejal de Tráfico-, barón territorial de Rajoy y apuntado por analistas como su más fiel delfín, tiró la toalla como president de la Generalitat para luchar su batalla en los tribunales.

Desde Génova se apuntó entonces que fue una llamada de Rajoy a Camps la que desencadenó ese cambio: debía elegir entre renunciar al cargo o la "deshonra" de ser un presidente autonómico -el más votado en la historia de la Generalitat- con condena. Y Camps, tras hablarlo también con Juan Cotino y con Federico Trillo, responsable entonces de Justicia en el PP, optó por lo primero.

Seis meses después empezó el mediático juicio "de los trajes" contra él y Costa y un jurado popular los absolvió. Desde entonces, Camps ha cargado contra la oposición que le sentenció antes de la vista y contra los medios que él entendía que informaron en su contra para desprestigiarle.

Con su dimisión se puso fin a una época. Alberto Fabra, entonces alcalde de Castelló, le sucedió en el cargo y emprendió una lenta y progresiva evolución del PP valenciano para desmarcarse de la etapa de "grandes eventos" -la F1, la Copa del América, la visita del Papa, torneos deportivos, cumbres políticas o proyectos culturales- que simbolizaron los gobiernos de Camps, una línea favorecida también por el bagaje electoral de sus arrolladoras mayorías absolutas.

El largo peregrinaje judicial de Camps acumula distintas investigaciones: las dos primeras, por los contratos realizados para la visita del Papa a Valencia en 2006 y por las supuestas irregularidades en la contratación del expositor de la Comunitat en Fitur 2009.

También ha estado imputado por dos relacionadas con la Fórmula 1 que su Gobierno trajo a Valencia entre 2008 y 2012: una por los contratos para la construcción de ese circuito urbano y otra por el supuesto aval que el Ejecutivo valenciano brindó a la empresa organizadora.

Tras la absolución en el asunto de los trajes, el archivo de la causa de los contratos de la Fórmula 1 y el reciente sobreseimiento de la causa por los contratos para la visita del papa, actualmente el expresident solo mantiene dos frentes abiertos.

El primero en la Audiencia Nacional porque el juez sostiene que dio indicaciones a la ex directora general de promoción institucional Dora Ibars para favorecer a la trama Gürtel con la contratación de Orange Market en el montaje del expositor en Fitur por un coste de 366.529 euros.

El segundo se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia por el aval a la empresa Valmor, promotora de los primeros GP de F1, si bien la Fiscalía ha solicitado ya el archivo y hasta la propia Intervención de la Generalitat ha admitido que no hubo delito en ese aval.

Además de estas cinco causas hubo otras en las que o bien el juez instructor o bien la Fiscalía solicitaron su imputación aunque finalmente sin éxito: por los delitos electorales del PP valenciano entre 2007 y 2011, el caso Nóos, la contratación de Santiago Calatrava para el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón o la contratación de las pantallas para la visita del papa, un asunto que se juzgó en la Audiencia Nacional.

En los últimos meses, Camps, que hasta ahora no ha sido condenado en ninguno de los procesos judiciales en los que se ha visto envuelto, libra su particular cruzada para limpiar su nombre y ha resucitado su idea de optar a la alcaldía de València con el PP. "Tengo muchas posibilidades de ganar con mayoría absoluta", asegura, si bien la llegada de Carlos Mazón al frente del PPCV ha ratificado que su número dos y líder del partido en la ciudad, María José Catalá, será de nuevo la candidata.