La expareja de Rivas cree que su vuelta al CIS es ajustado a las normas

El abogado de Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, considera que la resolución del juez de Vigilancia Penitenciaria de decretar la vuelta al Centro de Inserción Social (CIS) de esta vecina de Maracena (Granada) condenada por permanecer en paradero desconocido con sus dos hijos menores está "ajustada a las normas".

El letrado, Enrique Zambrano, ha declarado a Efe que desde que el Tribunal Supremo la sentenció en firme a dos años y medio de cárcel siempre se han mostrado a favor de que la pena la cumpliera en un Centro de Inserción Social, en lugar de en una cárcel, y con un tercer grado, si bien no compartieron la "premura y ligereza" con la que, días después de su ingreso, se le permitió seguir cumpliendo condena en su casa bajo control telemático.

"Éramos partidarios de que entrara en un centro de inserción social y con el tercer grado pero conforme al procedimiento adecuado. Es ella la que debe ganarse la pulsera, como todos los internos del CIS", ha indicado el abogado, para quien la resolución del juez de Vigilancia Penitenciaria está "ajustada a las normas".

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez estima parcialmente el recurso de la Fiscalía, que pidió la revocación del tercer grado.

En concreto, señala el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que Rivas debe cumplir el tercer grado pero en la modalidad establecida en el artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, lo que implica el horario diario que establezca el CIS y poder salir solo dos fines de semana al mes.

Según su abogado, Carlos Aránguez, Juana Rivas ya ha ingresado de nuevo en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada, donde permaneció entre los pasados 11 y 15 de junio, cuando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, atendiendo la propuesta de la Junta de Tratamiento del centro, aceptó su salida del mismo para que siguiera cumpliendo condena en su casa con control telemático.

Rivas, que también ha solicitado el indulto al Gobierno, está condenada en firme por haber permanecido en el verano de 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.