Farah A. volvió a abrazar a su hijo, de dos años, el miércoles 14 de julio. El feliz reencuentro en Melilla, la ciudad en la que reside el pequeño, puso fin al fatigoso viaje de su madre desde la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra. Pero la certeza de que seis días después tendría que volverlo a dejar con sus abuelos para regresar a prisión, al término del permiso de seis días, impidió disfrutar de los besos del niño con total despreocupación y abandono. “Es injusto”, lamenta Farah, de 28 años, al otro lado del teléfono, con el ruido del oleaje del mar y la risa alegre de su hijo de fondo. “Solo le he visto dos veces en los últimos diez meses pero debería estar conviviendo con él en el centro”, explica.
El desmantelamiento de la unidad de madres en las instalaciones sevillanas en noviembre de 2020 impide que, tal y como recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria, pueda tener al menor hasta los tres años en la prisión.
No fue así durante el primer año de vida del pequeño. La joven fue condenada en 2019 a cuatro años y medio por tráfico de droga. Entró en la prisión de Melilla embarazada de siete meses y dio a luz a su bebé entre rejas. Tras el nacimiento, pidió el traslado a Alcalá de Guadaíra para poder cumplir su pena junto al niño y le fue concedido hasta que consiguió el tercer grado y pudo disfrutar de un régimen de semilibertad.
“Volví a casa de mis padres”, en la ciudad autónoma, relata, pero “el fiscal recurrió la medida unos tres meses después y tuve que reingresar en la cárcel”. A partir de ahí, solo ha encontrado dificultades para continuar al lado de su hijo. “Pedí nuevamente el traslado a Alcalá de Guadíra y lo conseguí. Sin embargo, cuando llegué, ya se habían llevado a las madres y no pude traer al pequeño”. Pidió inmediatamente el traslado a Alicante o Madrid, donde se encuentran dos de los tres centros con unidades para la convivencia, junto a Ávila. Pero Instituciones Penitenciarias no ha respondido a su demanda todavía.
“Somos partidarios de que durante los primeros años de crianza, madre e hijo estén fuera de la cárcel, pero si no es posible, como no lo es actualmente, es imprescindible que convivan en espacios adecuados”, apunta Francisco Fernández, coordinador del área penitenciaria de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). Que no se pueda hacer hoy en Alcalá de Guadaíra, centro sobre el que pesa la amenaza de cierre, es además “una vuelta de tuerca a las vulneraciones que sufren las mujeres encarceladas”, advierte. Fernández denuncia “una doble discriminación”, porque la mayoría de las reclusas acceden a prisión sin seguridad económica, sin vivienda, víctimas de la violencia de género, sin estudios o con un bajo nivel de formación y con empleos mal remunerados y precarios y acabarán en módulos mixtos donde quedan, como advertía Maribel Cabello, exdirectora en la prisión sevillana, al capricho de los presos o desempeñando labores de limpiadora.
Farah confía en que su suerte cambie. Arrepentida de su delito, aplicada trabajadora y colaboradora en la cárcel, hace planes para comenzar de nuevo en cuanto salga libre, confía en que en agosto acceda de manera definitiva al tercer grado y, en cualquier caso, sueña con poder abrazar a su hijo cada día.
