Algunas investigaciones acaban relacionando VARIABLES, pudiendo llegar a conclusiones sin percatarse de que la relación no tiene por qué conllevar causalidad. Mucho más cuando la entidad del asunto a analizar se relaciona con intereses políticos y consecuentemente, en ocasiones, los autores de esas investigaciones asumen que el “fin justifica los medios” por mor de justificar determinadas políticas. Definir políticas sociales, dicen los gobiernos del mundo democrático, es muy importante y, ¡claro!, estas “investigaciones” y “estudios” se muestran esenciales.
Muchos países han venido desarrollando programas de discriminación positiva hacia determinados colectivos identificados bien por raza, sexo, o incluso religión. En estas políticas se han aportado recursos económicos importantes que han sido canalizados en numerosas ocasiones por ONGs, y que “casualmente” han tenido una indudable orientación electoral para los gobiernos de turno. En unas ocasiones para arrimar el “voto a su programa”, en otras, para aplacar los ánimos reivindicativos que asustaban a sus votantes. Por ello estas iniciativas de discriminación positiva constantemente han sido traídas y llevadas políticamente hablando. Citar un solo ejemplo de cómo se puede enredar en una investigación nos lo ofrece el libro “La discriminación positiva en el mundo” de Thomas Sowel (2004), cuya edición española corrió a cargo de la Fundación FAES, que preside José María Aznar y que cuenta como vocales destacados ex ministros del PP, entre otros Acebes, Zaplana, Mayor Oreja, Abel Matutes, Ruiz Gallardón o Pique. Precisamente, por aquello de la actualidad de las eléctricas, Ángel Acebes en octubre pasado volvió al Consejo de Administración de Iberdrola y Aznar sigue con responsabilidades desde 2011 en Endesa.
En el texto citado se arremete contra los programas de discriminación positiva básicamente por considerar que no alcanzaron sus objetivos e incluso consiguieron efectos contraproducentes y todo ello, según su autor, por la manipulación política de los mismos. Países como EEUU, Nigeria, India, Malasia, desde la década de los años 60, del siglo pasado han venido desarrollando estos programas dirigidos a determinadas etnias. Uno de los casos analizados pretende establecer relación entre programas de ayuda a negros y reducción de la violencia en determinados territorios del sur de Estados Unidos. Estos programas en plena lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, eufemismo de negros, fueron iniciados por la administración Kennedy, mantenidos por la de Johnson, paulatinamente desmontados por la de Nixon y desmantelados por la de Reagan. El “estudio” viene a concretar que conforme se anulaban los programas se reducía la violencia y la crispación social. En la relación que se pretende establecer entre ambas “variables” no se incluye el análisis de otras, relacionadas con la vertiente económica de cada país, la creación de empleo, los movimientos migratorios, e incluso la represión de las protestas sociales que conlleva encarcelamiento de líderes, cierre de locales y asociaciones, multas a manifestantes, amén de la violencia que en cada caso las “fuerzas del orden” aplicaron sobre las personas manifestantes. En España “40 años de Paz del General Franco” es un ejemplo ilustrativo de cómo un conjunto de “variables” relacionadas con el control político e ideológico están directamente relacionadas con el clima social que se vive.
La crítica negativa a las políticas compensadoras que una línea de pensamiento neoliberal protagoniza, queda invalidada precisamente por la vertiente política que la anima y que persigue legitimar la “libertad individual”, evidentemente sólo de quienes tienen medios para vivir holgadamente. En la pobreza y la marginación ¿es posible hablar de libertad? Dicho esto, tampoco las políticas que discriminan positivamente a determinados colectivos han sido analizadas suficientemente y no son válidos los informes políticos, más propaganditas que rigurosos aireando los “triunfos” logrados. En primer lugar porque informes rigurosos deben analizar los costos de esos programas y su canalización de los mismos a través de ONGs que requieren cantidades importantes para mantener su estructura. Cada programa, cada subvención para desarrollarlo, debe supervisarse mientras se desarrolla y no conformarse con el envío de “memorias”. Imprescindible investigar los efectos que estos tienen sobre las personas a las que se pretende ayudar, o como se retribuye al personal contratado, la enorme precariedad de la contratación, en contraste con las sólidas remuneraciones que reciben las directivas cuasi perpetuas de las mismas. Por otro lado estas iniciativas, políticamente orientadas a calmar a los “agentes sociales” con más capacidad de orientar electoralmente a la población, crean, sin embargo, un rechazo de los sectores de población, igual o en mayor medida necesitados, que no pueden encuadrarse entre los colectivos a los que van destinados estos programas de discriminación positiva. ¿No es esto una discriminación negativa? La clave de toda buena política de ayuda a la población está en la personalización. Cada persona que padezca deprivación económico-socio-cultural, debe contar con la ayuda necesaria para compensar esas deprivaciones desde el nacimiento, la escuela, la salud física o mental, el trabajo, la vivienda, la dependencia… Y de momento publicitar y financiar unos cuantos programas de discriminación positiva no parece que cumpla con este objetivo. Porque más allá del color del cristal con el que se mire las gafas son para ver la realidad y cada gobierno debe garantizar en el mundo real, en el día a día, a todas las personas los medios que le permitan una vida digna
Fdo. Rafael Fenoy Rico
