Fue en este mes -febrero de 2007, hace casi tres años- cuando los inspectores urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo denunciaron la carencia de la obligada licencia de construcción de la edificación de estas casas, que se estaban levantando en una parcela de 4.700 metros cuadrados.
En las ortofotos que acompañan esta información se muestra el estado inicial de la parcela, sin ninguna construcción, en el año 2005; posteriormente, ya en 2007, iniciada la edificación, como se ha dicho anteriormente, se procede a la denuncia y a comunicarle al promotor que pare las obras de forma inmediata.
Además, se da notificación al Registro de la Propiedad para que realice una anotación marginal en la inscripción registral, con el objetivo de impedir la venta de las viviendas, fin para que estaban siendo construidas y cuya continuación, por consiguiente, ya carecía de sentido. A pesar de todo ello, a sabiendas de que no iba a poder enajenarlas, el constructor prosiguió con sus fines especulativos, llegando a romper hasta en seis ocasiones los precintos que les fueron colocados por parte de la Administración para parar los trabajos.
Caso omiso
Incluso después de que el anterior alcalde y delegado de Urbanismo, Ernesto Marín y José Pedro Butrón, firmasen en septiembre de 2007 la orden de demolición, el constructor, lejos de cumplirla, continuó con la edificación de las casas hasta concluirlas (foto 3, año 2008). Dado que no había llevado a cabo con su obligación de restaurar el ordenamiento urbanístico, la Gerencia, en junio de 2008, decretó la demolición subsidiaria (sería la propia Administración la que lo haría, cargando los costes sobre el promotor).
Para llevar a cabo el derribo, la Gerencia pidió al Juzgado permiso para entrar en el domicilio (se trata de un paso obligado desde un punto de vista legal), el 13 de noviembre de 2008, autorización ahora concedida por el Juzgado, que ha dado como plazo máximo el 26 de diciembre de 2009 para tirar las viviendas.
Informado
El constructor conocía todos estos pasos perfectamente, a pesar de lo cual, primero, siguió con las obras, y, luego, una vez terminadas las casas, cedió algunas a sus propios familiares y alquiló otras (no informando a los inquilinos de las circunstancias en que se encontraban). Desde el pasado 26 de octubre, además, el promotor tenía conocimiento de que la ejecución era inminente, según el plazo dado por la jueza, y que se podía producir en cualquier momento. A pesar de ello, no informó a los inquilinos.
En cuanto a la demolición de las 10 construcciones, el Ayuntamiento continúo ayer realizando las gestiones para iniciar las labores de derribo, dado que éstas deben comenzar antes del próximo día 26 de diciembre, según la orden judicial, que en ningún momento, en contra de lo dicho por el promotor, ha sido revocada o aplazada.
A última hora de hoy los técnicos municipales y autoridades policiales se encontraban en conversaciones para cerrar una fecha de demolición. Aunque el sábado se comentaba que podría ser en la jornada de hoy (en teoría la demolición se iba a efectuar el viernes), lo cierto es que el 26 de diciembre es la fecha tope para el derribo.
Previstas varias movilizaciones en solidaridad
jLas reacciones de los afectados se sucedieron durate toda la jornada de ayer. Sin saber todavía si el derribo se va a ser o no efectivo, lo cierto es que desde primera hora se están llevando a cabo una serie de llamamientos para que la gente se movilice. Según se ha comentado desde la madrugada de hoy se quieren manifestar para que cuando lleguen las fuerzas del orden “la solidaridad de los vecinos pueden con ellos”, según manifestaron miembros de una coordinadora que se pretende crear para que los derribos no se lleven a cabo.
Por otra parte, uno de los propietarios de las viviendas, Cristóbal Pérez, cuñado del promotor, relataba a este medio su intención de seguir dialogando con el Ayuntamiento “para que el derribo no se lleve a cabo”. El propietario, visiblemente afectado, comentaba “voy a morir dentro de mi casa”. En referencia a las hipotecas, Pérez esgrimía que “tengo una hipoteca muy gorda porque las casas no se venden”. Algo que también se decía desde la coordinadora “las casas las podrán derribar, pero las hipotecas hay que seguir pagándolas”.