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Los detenidos este martes por la Policía Nacional en una nueva operación contra la corrupción urbanística en el municipio de Telde (Gran Canaria) fueron denunciados por supuestas irregularidades en una recalificación de terrenos en el municipio.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró ayer que los delitos de corrupción, ya sean cometidos por personas públicas o por particulares, deben ser excluidos del ordenamiento jurídico español.

El juez del ?caso Kárate? dictó ayer el procesamiento del principal imputado, Fernando T.B., de su pareja, María José G.P, y de dos monitores, y pidió penas de más de 80 años de cárcel por abusos sexuales, entre otros supuestos delitos a 61 víctimas de esta red que operaba en Gran Canaria.