En la sociedad del tonto el último, nos hemos topado durante los últimos días con una serie de vividores del cuento, jetas, caraduras, golfos en definitiva, que aprovechando su carencia de ética y la necesidad ajena decidieron, sin rubor alguno, lograr unos pingües beneficios que destinarían a los caprichos propios de personas de miseria moral.

Nada nuevo bajo el sol en un país en el que hasta el director general de la Guardia Civil Luis Roldán, recientemente fallecido, fue líder en golfería. Pero, ¿es España un país de pícaros? ¿Los continuos casos de corrupción que salpican nuestra historia reciente son reflejo de una sociedad tolerante con este tipo de actitudes? ¿Tenemos interiorizado lo del atajo o el truco para llegar antes a nuestros objetivos? La respuesta es sí. Hasta tenemos un subgénero literario que es la novela picaresca, con obras de obligada lectura en el colegio como El Lazarillo de Tormes. Es decir, no solo lo hemos mamado desde la infancia sino que ha sido un ejemplo en nuestra formación más temprana.

En la época de las vacas gordas, antes de la crisis de 2008, ¿quién no aprovechaba que un familiar trabajaba en el hospital para conseguir productos sanitarios por la patilla? Hemos visto golfos en la política, en los agentes sociales, en la economía e incluso durante los últimos días en el fútbol. Lo preocupante de toda esta infamia es que el común denominador en todos los casos es la proximidad de los jetas a la administración pública, que no ha sabido prevenir ni corregir todas estas destemplanzas e incluso sus administradores han participado en ellas.

En este contexto pernicioso con apellidos de rancio abolengo y compra de coches de lujo y yates, llega la apertura de juicio oral contra quienes se gastaron dinero público en prostíbulos andaluces que, en caso de ser condenados, deberían serlo por chorizos y por tontos ya que, fruto de la algarabía, pagaron sus andanzas con tarjeta de crédito, aunque después trataron de no dejar rastro. Por todas estas razones y por muchas otras que no cabrían en esta columna, no es de extrañar que España siga ocupando un mal puesto en el Índice de Percepción de la Corrupción, que cada año publica la ONG Transparencia Internacional. Ocupamos el puesto 34 entre 180 países y somos los decimocuartos de los 27 países miembros de la Unión Europea, y bajando.