El Partido Popular de Alcalá la Real ha convocado este miércoles una rueda de prensa que ha tenido como finalidad informar sobre una serie de pagos a los que el consistorio municipal ha debido hacer frente a lo largo del pasado año y que, según esta formación política, han supuesto “un serie varapalo” para la economía municipal. “Este equipo de gobierno no ha tenido nunca inconveniente en reconocer la herencia positiva recibida del Partido Socialista. Así se dijo en el caso del premio concedido a este Ayuntamiento en materia de inversión en Servicios Sociales, o también en el caso del premio Hispania Nostra, que responde al trabajo realizado por anteriores equipos de gobierno en la rehabilitación de la Mota. También por ello vamos ahora a hacer pública la herencia negativa”, ha comenzado explicando el primer edil, Marino Aguilera.
“En el último pleno de presupuestos dimos a conocer una cifra, de unos 330.000 euros, a la que el Ayuntamiento había tenido que hacer frente en materia de sentencias judiciales, gastos jurídicos, indemnizaciones, multas y todo tipo de sanciones. Queremos dar detalle de las cuestiones en las que se nos ha ido esa cantidad de dinero. Hace unas semanas, el actual secretario general del PSOE, señor Pérez, nos decía de este equipo de gobierno que no estamos preparados para gobernar. Venía a decirnos que éramos una especie de inútiles o incapacitados para ejercer el gobierno, pero lo cierto es que estas personas que no están preparadas para ejercer el gobierno se han pasado el año 2020 pagando factura tras factura, sentencia tras sentencia de los que, supuestamente, sí estaban preparados, que eran ellos”.
“Me gustaría referirme a algunos de estos pagos, por ejemplo el accidente que sufrió un empleado del Centro Especial de Empleo, cuando se demostró la carencia, la negligencia del equipo de gobierno del PSOE en cuanto a la prevención de riesgos labores, algo a lo que ya hemos puesto remedio con la figura de un técnico en prevención de riesgos, ya incorporado al área de recursos humanos. Ese accidente nos costó una indemnización de 30.981 euros, pero además, este Ayuntamiento ha tenido que pagar 28.000 euros en sanciones más gastos jurídicos. Como novedad, la persona afectada por este accidente ha solicitado una indemnización al Ayuntamiento de 300.000 euros. Por otro lado, tenemos la sentencia del asesor de recursos humanos, que nos condenó a 86.000 euros de indemnización por el despido ilegal, la contratación fraudulenta, el fraude de ley que existía en torno a la figura de este cargo de confianza, al que se contrató para realizar unas labores de asesoramiento, pero que tomó cuerpo de funcionario a la vista de las funciones que adquirió, o incluso del tratamiento que recibía por parte del equipo de gobierno. A ello hay que sumarle 15.513 euros de gastos jurídicos, por lo que son más de 100.000 euros lo que nos ha costado este fraude de ley que cometió el anterior equipo de gobierno”, ha añadido Aguilera Peñalver.
“En materia de urbanismo, hay también una sentencia muy costosa, que ronda los 100.000 euros. Es una compensación, gastos judiciales e intereses que ha tenido que pagar el Ayuntamiento por una sentencia relacionada con la modificación puntual número 3 del PGOU, relacionada con la adecuación de la parcela de 15.000 m2 para el parador, cuando se permuta la zona que existía ahí por otra, en otra zona de la fortaleza de la Mota. Al afectado se le valora un terreno que venía contemplado como urbano, y sin embargo el Ayuntamiento decide pagarlo como rústico. La diferencia económica fue cuantiosa. Hay que decir que la Comisión Provincial de Valoraciones calificó este suelo como urbano, pero nos constan presiones por parte del equipo de gobierno de entonces ante dicha comisión para que modificase a la baja esta valoración, de tal forma que lo que era urbano pasa a ser rústico, se le abonan 22.000 euros. Se va a juicio, y el juzgado da la razón a este interesado y condena al Ayuntamiento al pago de 83.000 euros, en compensación por esa valoración errónea, y 11.000 en gastos judiciales”, ha detallado el presidente del PP de Alcalá.
“Hay también otra cuestión en la que hemos evitado un proceso judicial, que se debe a una compensación por unas servidumbres generadas para poder acceder a unos depósitos. El Ayuntamiento ha tenido que pagar 31.940 euros por una cuestión que se arrastra desde el año 2014, en la que no había voluntad de arreglo, y en la que pudimos parar in extremis que la familia fuera al juzgado”, ha señalado Marino Aguilera.
Por su parte, la concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Mercedes Flores, ha informado, igualmente de otras dos actuaciones cuya factura ha debido afrontar el actual equipo de gobierno. “Una de ellas es la del convenio de El Toril, que no se llegó a ejecutar por la dejadez absoluta de equipos de gobierno anteriores. Se trata de una factura de 23.000 euros que este equipo de gobierno ha tenido que asumir por un convenio que databa de 2009, costando sin pagar la factura desde 2010”. “Por últimos, hemos tenido que hacer frente al pago de una sanción por una mala ejecución de una evacuación de aguas pluviales en el polígono de Llano Mazuelos. No entendemos como un polígono se ha recepcionado dejando este problema que es evidente, pues toda el agua de lluvia tiene su escorrentía por esta finca, con los consecuentes daños que ello causa. Actualmente son 22.000 euros, más gastos judiciales, más el coste que vamos a tener que afrontar para su reparación. La superficie afectada es de unas 10 hectáreas. Acciones como esta muestra la poca capacidad de negociación que han tenido equipos de gobierno anteriores. Situaciones como las de este vertido de agua, que lleva poniendo en conocimiento el damnificado desde que se construyó el polígono se podían haber resuelto por vía amistosa, sin tener que llegar a juicio”.
Marino Aguilera ha finalizado refiriéndose a la nave ganadera que hay en El Chaparral, “de la cual se solicitó la reversión en el año 2019. Diputación lo niega, se apodera de esa parcela, de cerca de 15.000 m2 y ahora mismo está intentando echar al concesionario que hay. Con los valores de suelo industrial que ahora mismo hay en El Chaparral estamos hablando de una merma para los ingresos del Ayuntamiento de unos 600.000 euros, en caso de que esta parcela perteneciera al Ayuntamiento y procediéramos a enajenarla. Una cantidad que hay que sumar a los 330.000 euros de costes ya señalados. La mitad de estos 330.000 euros son responsabilidad directa de Urbanismo, en los años en que el señor Pérez ejerció en esta concejalía. Es decir, aunque el señor Pérez no haya estado durante este año y medio de legislatura en la Corporación, y lo vaya a hacer ahora por la puerta de atrás, su gestión sí que ha estado muy presente en este año y medio. Su gestión le ha costado a los alcalaínos, de momento, 170.000 euros, que es lo que suman las sentencias relacionadas con Urbanismo, pero aparte en la nave de El Chaparral tiene bastante responsabilidad, puesto que él era la persona encargada de estar al tanto de las diferentes parcelas urbanas que había en el municipio. Ha hecho una auténtica dejación de funciones”.
