El alcalde de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo (PSOE), ha sido citado a declarar este miércoles como investigado en el marco de la causa penal abierta tras la denuncia por presuntas prevaricación y malversación de caudales públicos en el abono de "retribuciones complementarias" al sueldo a funcionarios y personal laboral del ayuntamiento por cuantías de hasta "2.381 euros" mensuales.
Junto a José Luis Amérigo deberá comparecer en sede judicial, a partir de las 11,00 horas, el concejal de Hacienda, Función Pública y Personal, Ramón Soto, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Según recoge la denuncia, ambos, uno desde 2019 y otro desde 2020, habrían supuestamente dispuesto "en perjuicio" de las arcas municipales y "de manera fraudulenta" complementos de "productividad" en favor de los habilitados nacionales del ayuntamiento y "gratificaciones extraordinarias y horas extras" en favor "de determinado personal funcionarial y laboral" de la corporación.
Sostiene que estas cantidades económicas habrían supuesto "una ampliación continuada de las retribuciones económica mensuales carente de cobertura legal alguna" al estar "cuantificadas de manera no objetiva y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".
El Juzgado de Instrucción 1 de Vera, cuyo titular acordó incoar la causa en agosto por posible existencia de infracción penal, ha dado inicio este martes a la práctica de las diligencias oyendo al denunciante, Felipe Cayuela, portavoz del grupo municipal de Carboneras Avanza. Para el jueves, se ha previsto que comparezcan en calidad de testigos los trabajadores municipales que percibieron de acuerdo a la documentación aportada al juez las retribuciones complementarias.
La denuncia que investiga la jueza indica que empleados del ayuntamiento habrían estado percibiendo desde noviembre de 2019 "retribuciones complementarias en su sueldo, en concepto de productividad" o "gratificaciones extraordinarias por horas extra" por "exactamente la misma cantidad" en algunos casos y, presuntamente, "sin ningún tipo de control por parte del alcalde o del concejal de Hacienda, Función Pública.
Señala que el abono era "propuesto" supuestamente por Ramón Soto mientras que la "ordenación correspondiente para el abono" la habría hecho Amérigo mediante resoluciones "dictadas --remarca-- vulnerando claramente el procedimiento legalmente establecido para ello, sin pertinente cobertura jurídico-legal y sin control alguno".
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, precisa que las citadas resoluciones se habrían realizado, además, "sin especificar la retribución del especial rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés e iniciativa" con que trabajador "concreto desempeña su trabajo".
Añade que, asimismo, que se habrían dictado "sin realizar la apreciación de la productividad en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo" al tiempo que pone el foco de que "su liquidación" era "fija en su cuantía y periódica en su vencimiento en el caso de los habilitados nacionales, sin justificar en la nómina de cada mes la productividad de cada puesto".
Hace alusión a las gratificaciones extraordinarias como horas extras tanto para personal funcionarial como laboral, y subraya que también habrían sido "continuamente" propuestas para "aprobar por el concejal de Hacienda, Función Pública y Personal" y "ordenadas para abono por el alcalde" tras presuntamente la correspondiente solicitud del personal.
Esta circunstancias, según concreta, habría vulnerado "claramente el procedimiento legalmente establecido para ello" al no contar con "la pertinente cobertura jurídico-legal o control alguno".
"Es evidente que en esas resoluciones mensuales no se ha valorado el trabajo desempeñado por cada uno de los beneficiarios de dicho complemento de productividad de manera individual y palmario que se han adoptado resoluciones de manera genérica para aprobar el abono de dichas productividades", traslada para aportar documentación de esa atribución de "manera igualitaria".
La denuncia que ha dado lugar a la incoación de diligencias previas sostiene, asimismo, que el supuesto hecho de que Amérigo y Soto se hubiesen "concertado" presuntamente para "obtener fondos públicos a favor de los tres habilitados nacionales y de determinados funcionarios y personal laboral de la corporación" encajaría también como supuesto delito de malversación de caudales públicos por causar "grave perjuicio para el interés público y suponer el desembolso de dinero público con ánimo de lucro y para beneficiar a tercero".
"Se han realizado abonos importantes de cantidades económicas, tanto de la productividad como de gratificaciones extraordinarias y horas extras con una ausencia de materialización y de concreción de los resultados de la actividad que se ha remunerado con fondos públicos más allá de una justificación meramente formal de estos pagos", concluye.
