Condenados por comprar pastillas contra disfunción eréctil para venderlas sin permisos

Una juez de Almería ha condenado a medio año de cárcel a dos hombres que compraron miles de pastillas contra la disfunción eréctil a empresas de la India, con la intención de venderlas posteriormente, sin prescripción médica ni autorización.

La sentencia señala que los acusados A.S.F. y P.J.F.Z. adquirieron 2.690 cápsulas de Sildenafilo, "actuando de común acuerdo y a sabiendas del riesgo que comportaba para la salud pública".

Así, una empresa ubicada en la India realizó hasta seis envíos dirigidos a A.S.F., que también era el destinatario de un séptimo envío efectuado por una segunda empresa hindú.

Sobre las 09:30 horas del 29 de mayo de 2018, P.J.F.Z. acudió a la oficina de Correos de Huércal-Overa a retirar estos paquetes con una copia del DNI y la autorización firmada del segundo acusado.

En ese momento fue detenido gracias a un dispositivo montado para la entrega vigilada de los comprimidos, autorizado por el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

En este sentido, la Guardia Civil informó en su día que las pastillas habían solicitadas a través de Internet a empresas dedicadas a la "venta ilegal" de medicamentos y otros fármacos, así como que éstas habían sido remitidas por correo postal.

Según trasladó entonces el instituto armado, durante un control rutinario en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas los paquetes llegados desde la India levantaron las sospechas, por lo que fueron estudiados y analizados, tras lo que se estableció un dispositivo de circulación y entrega controlada de los mismos, hasta su llegada y entrega.

En cualquier caso, la sentencia concreta que al abrirse los paquetes en sede judicial en Huércal-Overa, aparecieron 20 cajas con 2.690 comprimidos de Sildenafilo, "indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil".

Subraya además que el medicamento, comercializado bajo el nombre 'Cenforce', no está autorizado en España, y que los acusados lo adquirieron para su venta sin contar con intervención o prescripción de un facultativo, y a pesar del desconocimiento de la trazabilidad, formulación o cantidades de los componentes del mismo.

Por estos hechos, A.S.F. y P.J.F.Z. han sido condenados cada uno a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros por un delito contra la salud pública, tras la conformidad y reconocimiento de hechos que mostraron durante la vista oral.

No obstante, la pena de prisión ha sido suspendida durante un plazo de dos años, a condición de que no vuelvan a delinquir en este periodo.