La organización ecologista Greenpeace ha tachado de "incomprensibles" la declaraciones efectuadas este lunes por el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, en torno a la posición del Gobierno con respecto al hotel de El Algarrobico, al considerar que el Ejecutivo "simplemente evita cumplir sus ineludibles obligaciones" puesto que existen sentencias "firmes" que, a juicio de la organización, conllevan el derribo del inmueble.
Según ha trasladado en una nota la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, "lo que debe hacer --el Gobierno-- es actuar por imperativo legal y proceder, sin más excusas, a la demolición del hotel ilegal", ya que entiende que existe pronunciamientos judiciales que redundan en la "ilegalidad" del edificio.
En este sentido, ha apelado a la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la ocupación por parte del edificio de Azata del Sol de la zona de servidumbre de protección de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) así como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que anula parcialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2008, por lo que el establecimiento queda amparado por la normativa de 1994 que devuelve al lugar la calificación de "no urbanizable".
Para Greenpeace, los tribunales a los que Saavedra apela en sus declaraciones "ya han indicando que se ejecute la demolición del hotel y ahora la Administración simplemente debe cumplir con sus obligaciones". En esta línea, Marcos señala que en la sentencia del TS el juez apunta a que la degradación ambiental del paraje "ha de ser corregida por otros cauces".
La organización se ha referido también al protocolo de colaboración sobre El Algarrobico suscrito entre la Junta de Andalucía y el anterior gobierno, y que a juicio de Costas "no sirve para nada por sí solo" dado que con él "se pretenden asumir actuaciones concretas sin que se haya firmado un convenio siquiera". No obstante, Greenpeace señala que con dicho documento, ambas partes "se comprometieron a adoptar un plan de actuación conjunto, con un acuerdo de cofinanciación y desarrollar el protocolo de recuperación de la playa de El Algarrobico a través de convenios específicos".
Con esto, desde Greenpeace afirman que "a pesar de las declaraciones del director general el Estado, sí que tiene presupuesto para ejecutar su demolición mediante la partida asignada a su dirección en materia de "actuaciones en la costa" que van encaminadas a la gestión del dominio público y que ya tiene una dotación presupuestaria". En este sentido, la responsable conservacionista ha defendido el Ministerio "debería considerar esta actuación como prioritaria como ejemplo de que no se van a permitir más barbaridades en el litoral y que se puede revertir el modelo de destrucción y de burbuja inmobiliaria".