El imputado por el secuestro y muerte de la niña onubense de 16 meses, Jonathan Moya González, está pendiente de ser enjuiciado en cuatro procedimientos por delitos de estafa por los que se enfrenta a penas que suman nueve años y seis meses de prisión, y estuvo en el centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, condenado en firme por otro delito de estaf a aunque fue puesto en libertad el pasado 27 de julio tras cumplir la pena.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, ha sido condenado entre 2008 y 2010 en cuatro ocasiones a penas que, en total, ascienden a dos años de cárcel, en su mayoría por planear y ejecutar operaciones fraudulentas de compraventa de vehículos y turismos siempre con el mismo 'modus operandi'.
Su última detención, en junio y por la que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acordó revocar la libertad condicional que se le había concedido y decretó ingreso en prisión, ha derivado en un procedimiento judicial, aún sin señalar, en el que el fiscal va a solicitar tres años de cárcel por, presuntamente, apropiarse de una moto y no pagar la cuantía de 4.200 euros pactado con el vendedor
El auto de apertura de juicio oral por esta causa se le notificó una vez ingresó en el centro penitenciario de El Acebuche el pasado día 30 por presuntos delitos de detención ilegal y asesinato debido a que sobre él pesaba una orden de localización de paradero al constar en el juzgado instructor que Moya González residía en Salamanca.
Las mismas fuentes han precisado que la última de la sentencia firme, en la que se le impusieron seis meses de cárcel por estafa y multa de diez meses por simulación de delito, se remonta a diciembre de 2010. En este caso, se acordó la suspensión condicional de la pena aunque esta fue revocada en segunda instancia. Tres meses antes, había sido condenado a seis meses por otra estafa.
Los otros dos fallos se dictaron entre 2008 y 2009. En concreto, se le condenó por primera vez a 42 días de trabajo en beneficio de la comunidad por delito de hurto de uso de vehículo y conducción sin permiso. Ya en 2009, se le impuso la pena de un año de cárcel por una estafa aunque obtuvo los beneficios de la suspensión condicional de la pena el día 10 de junio por tiempo de dos años.
Según las mismas fuentes, Jonathan Moya, de 25 años, debía haber sido enjuiciado en marzo de 2012 aunque la vista oral, en la que se enfrentaba a dos años y seis meses de prisión por apropiarse presuntamente del turismo de una pareja a la que prometió pagar 10.000 euros en un acuerdo verbal de compraventa, fue suspendida y está pendiente de un nuevo señalamiento por parte del juzgado de lo Penal en el que ha recaido.
JUICIOS EN FEBRERO
El imputado por el rapto y la muerte de la bebé, actualmente en régimen de prisión comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, que mantiene decretado el secreto de sumario sobre las diligencias, debe afrontar, asimismo, dos juicios en el mes de febrero por sendos delitos de estafa.
En el primero, previsto para el día 18, la Fiscalía Provincial va a solicitar 18 meses de cárcel por adquirir supuestamente de manera fraudulenta un vehículo de alta gama de segunda mano y venderlo por 5.000 euros a una tercera persona en mayo de 2008. El Ministerio Público interesa, asimismo, que indemnice al comprador del vehículo con 5.000 euros en el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press.
El día 25 se enfrenta a otra pena de dos años y seis meses de cárcel por otra presunta estafa en la compra de un vehículo con el mismo 'modus operandi'. En este caso, se sentará en el banquillo con un segundo acusado, para el que el fiscal interesa un año de prisión. El Ministerio Público sostiene en su escrito de calificación, consultado por Europa Press, que ambos engañaron presuntamente al vendedor de un vehículo, de que se apropiaron después de formalizar una compraventa por 4.000 euros cuya tranferencia no abonaron.
Según informó el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería acordó suspender en septiembre el ingreso en prisión de Raúl R.F., el otro de los imputados por el crimen de la niña onubense de 16 meses, a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviese sobre la admisión o inadmisión a trámite del recurso de amparo que presentó contra la sentencia firme dictada en octubre de 2010 que le condenaba a dos años y tres meses de prisión por maltratar a su novia, menor de edad.
A Raúl R.F., en prisión provisional comunicada y sin fianza por el asesinato de la bebé Miriam desde el pasado día 29, le consta además otra condena en firme previa por agredir de "forma brutal" a un joven en el interior de una discoteca de la capital almeriense de madrugada. En este caso, el Juzgado de lo Penal número 1 le condenó en 2010 a la pena de seis meses de cárcel y al pago de 4.000 euros a la víctima por las lesiones causadas.
El segundo de los imputados por el crimen de la bebé Miriam fue detenido horas después de que se produjese el arresto del principal imputado por su rapto y muerte, su amigo Jonathan Moya.
SECUESTRO
La niña de 16 meses, que permaneció en paradero desconocido durante ocho días tras ser raptada por el que entonces era el compañero sentimental de su madre, fue encontrada sin vida el pasado día 28 en una balsa de riego ubicada junto a una vía de servicio de la A-92 y a apenas 500 metros del cortijo familiar donde fue arrestado Jonathan Moya.
Según los datos del informe preliminar de la autopsia realizada por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), la bebé falleció de, al menos, un "golpe en la cabeza" en un periodo comprendido de "dos a cinco" atrás desde del hallazgo del cadáver, por lo que se remitieron muestras de tejido hasta el Instituto de Toxicología de Sevilla para determinar el momento exacto en el que se produjo la muerte.
Jonathan Moya González indicó a los agentes de la Policía Judicial en el transcurso del interrogatorio tras su detención dónde se encontraba la menor aunque no facilitó datos sobre cómo y cuándo se produjo su muerte.
La madre de la bebé interpuso en Gérgal la denuncia por el presunto secuestro a las 20,00 horas del 20 de diciembre y relató a los agentes que su pareja sentimental, a la que señaló como Jonathan Moya, se había llevado "todas sus pertenencias" y a su hija de 16 meses tras mantener una "fuerte" discusión. Se activó entonces un amplio operativo, integrado más de un centenar de agentes con apoyo de medios aéreos y terrestres de la Guardia Civil, para intentar dar con el paradero de la menor.