El exalcalde de Zurgena y actual concejal de Obras Públicas de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón (PA), ha considerado este jueves que el fiscal "se ha pasado tres pueblos" al solicitar para él una pena de 180 años de prisión y 1.050 de inhabilitación para cargo público por presuntos delitos investigados en el marco del caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística, en el que también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios, arquitectos y promotores inmobiliarios.
El exregidor ha calificado de "demasiado sensacionalista y fuerte" el escrito del Ministerio Público en el que se acusa al exalcalde andalucista de un total de 120 delitos por la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en terreno no urbanizable por diferentes cauces "irregulares", entre otros comportamientos.
En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, Trabalón ha explicado que la Fiscalía solicita para él un año y medio de prisión por cada una de las licencias urbanísticas concedidas de forma presuntamente irregular. "Aparentemente es una locura", ha dicho el edil, quien considera la acusación "demasiado fuerte".
El exprimer edil zurgenero ha defendido que no ha cometido "ningún delito" y ha asegurado que durante su periodo en el gobierno local se ha aplicado la misma normativa que hay actualmente en el Ayuntamiento para la concesión de licencias urbanísticas con arreglo a las normas subsidiarias provinciales. "Creemos que está todo bien", ha añadido antes de puntualizar que "de dimitir, nada".
En este sentido, ha recordado que en los pasados meses se ha enfrentado a otros juicios penales contra él por motivos similares "y los hemos ganado", por lo que confía que durante la vista oral podrá probar su inocencia. No obstante, ha admitido que "a gusto no se queda uno" ante una petición fiscal de tal calibre, si bien es consciente de que no podría cumplir una condena de 180 años.
"Tampoco creo que viva tantos años o que para presentarme otra vez a unas elecciones tenga que esperarme 1.050 años", ha dicho Trabalón. En cualquier caso no sería necesario, puesto que el fiscal interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas. Igualmente, sostiene que en, al menos dos ocasiones, Trabalón actuó "irregularmente" "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
El juez instructor de la causa, que ha ordenado en un auto abrir juicio oral por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio, ha resuelto imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros.
El Ministerio Público indica en su detallado escrito tres fases en la trama tejida por los dos principales procesados, quienes, según remarca, decidieron y persistieron en tiempo "de común acuerdo" en conceder licencias para construir viviendas sobre suelo calificado como no urbanizable "no permitidas por la legislación urbanística".