La autopista de peaje Cartagena (Murcia)-Vera (Almería) ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid con un pasivo de unos 550 millones de euros.
Se trata de la sexta vía de pago que se acoge a la antigua suspensión de pagos en los últimos meses como consecuencia del desequilibrio financiero que registran por del sobrecoste de las expropiaciones de los terrenos y la caída del tráfico.
El resto de autopistas que ya se han acogido a la Ley Concursal son tres radiales de Madrid (la R-4, la R-3 y la R-5), la Madrid-Toledo y la Ocaña-La Roda.
En cuanto a la Cartagena-Vera, la sociedad concesionaria de esta vía, Aucosta, está participada por Globalvía (grupo de infraestructuras de FCC y Bankia), Ploder y las antiguas Cajamar, Unicaja y CAM.
La vía se ha declarado finalmente en concurso al concluir sin acuerdo el plazo de cuatro meses que en septiembre de 2012 se dio para renegociar su deuda con los bancos.
Los acreedores de Aucosta cuentan con un plazo de un mes para reclamar a la vía el importe que les adeuda, una vez que la declaración de concurso ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En el auto de declaración de concurso, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada permite a la concesionaria de la vía conservar las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención del administrador concursal. Para este puesto designa al economista Luis Pérez Gil.
No obstante, la jueza, rechaza acordar la medida cautelar que demandó la vía junto a la solicitud de concurso, en la que pedía a "algunos acreedores abstenerse de retener, disponer o hacer suyo de cualquier modo el saldo existente en todas las cuentas del proyecto concesional".
En este sentido, el auto indica que "no ha lugar para esta medida cautelar al entrar en vigor las disposiciones concursales sobre la masa activa".
INVERSIÓN DE 650 MILLONES.
La autopista Cartagena-Vera, de 115 kilómetros de longitud, se puso en servicio en marzo de 2007 tras una inversión de unos 650 millones de euros, con el fin de convertirse en una vía de continuación de la AP-7 y canalizar tráficos turísticos y de otras poblaciones de la zona.
La vía contabilizó un tráfico medio diario de 3.087 vehículos en los ocho primeros meses de 2012, según los últimos datos estadísticos disponibles en el Ministerio de Fomento, que arrojan un descenso del 7,7% respecto el mismo periodo de 2011.
En la actualidad, Fomento tiene articuladas dos líneas de ayudas para la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan desequilibrios económicos y financieros. Se trata de las cuentas de compensación, con las que buscan paliar la caída de los tráficos y de los préstamos participativos, que tratan de compensar el impacto de las expropiaciones.