Los grupos municipales de PSOE e IULV-CA han exigido "explicaciones" al alcalde de Níjar (Almería), Antonio Jesús Rodríguez (PP), por el conflicto que dejará este viernes 55 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio "en la calle" y han trasladado "su profundo malestar y su total apoyo" a los afectados.
En rueda de prensa, la portavoz socialista, Esperanza Pérez Felices, ha urgido a Rodríguez a que promueva "una solución" que pasaría por "respetar la legalidad vigente" y por que las empleadas "sean subrogadas por la nueva empresa concesionaria" que va a prestar el servicio en el municipio nijareño.
Según ha explicado Pérez, entienden que se trata de un "conflicto que ha generado" el regidor ya que la nueva empresa concesionaria se "escuda" en que la subrogación de las trabajadoras "no es obligatoria porque no aparece reflejada en el pliego de condiciones de la adjudicación que ha elaborado el Ayuntamiento".
Al hilo de esto, ha indicado que el PSOE "va a exigir por todos los medios" que se "respete la legalidad" para "ponernos del lado de las personas que están defendiendo sus puestos de trabajo y que tienen un alcalde que está mirando para otro lado, defendiendo sus intereses particulares. La nueva concesionaria, según ha asegurado, ha convocado, hasta el momento, una oferta pública para contratar a 40 empleadas frente a las 55 actuales.
Pérez ha señalado que el convenio estatal de atención a la Dependencia establece expresamente que al término de la concesión de una contrata, como ha ocurrido en Níjar, el personal de la empresa saliente pasará a estar adscrito a la nueva empresa titular de la contrata y ha calificado de incomprensible que el alcalde "por ignorancia o por intención decida no introducir esta obligación legal en el pliego de condiciones".
"En agosto de 2007, recién llegado a la Alcaldía, el alcalde elaboró una lista a dedo con un gran número de trabajadores que no tenían ninguna relación laboral con el Ayuntamiento y obligó en el pliego elaborado a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines a asumirlos".
Por otro lado, ha indicado que estos despidos "no son los primeros" que sufren empleados relacionados "directa o indirectamente" con el Ayuntamiento y ha concretado, en 2012 se despidió "a 16 funcionarios tras la disolución de la sociedad municipal, que vienen a sumarse al despido de otro trabajador de servicios sociales que "costó a las arcas municipales más de 45.000 euros".
"Próximamente hay otros 9 despidos previstos después de que el Ayuntamiento abordara en el último pleno rescatar parte del servicio de la concesionaria de limpieza que asumirá el propio Consistorio pero reduciendo plantilla y medios", ha concluido.
"PRESIONES A LAS TRABAJADORAS"
Por su parte, el portavoz de IULV-CA en Níjar, Alexis Pineda, ha trasladado que este intento de despido "contradice claramente el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 15 y 70 del vigente Convenio Colectivo Estatal de Dependencia" y ha remarcado que, en el último pleno, presentaron una moción no resolutiva exigiendo que desde este Ayuntamiento" se pongan los medios para que de manera inmediata se restablezcan los derechos de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, concesionado por el Consistorio, y se ponga freno a las presiones que se están ejerciendo contra estos trabajadores".
"Expresamos nuestra máxima indignación ante las presiones a las que están siendo sometidas las trabajadoras por parte de la empresa concesionaria para que extingan voluntariamente sus contratos y consideramos inaceptable que nuestro alcalde haya intentado confundir a las trabajadoras, anunciándoles que no eran objeto de subrogación y encontrando por nuestra parte sólo dos posibles causas: la falta de información y desconocimiento de nuestro primer edil y el intento de hacer una concesión 'a medida' con personal afín a su partido", ha afirmado.
Pineda ha lamentado, asimismo, el "uso político del empleo público sistemático" en Níjar a través de la contratación de concesiones "de toda índole". "Tememos además que finalmente sea nuestro Ayuntamiento quien tenga que sufrir los costes por despido indebido si la nueva concesionara no pagara las indemnizaciones correspondientes. No podrá negar el alcalde que ha sido informado de la vulneración de la ley que suponen estos despidos, teniendo claramente las trabajadoras derecho legal a la subrogación", ha concluido.