El pleno del Ayuntamiento de Cantoria (Almería) va a someter el lunes a aprobación la dimisión del actual regidor, Pedro Llamas, quien ha anunciado su marcha tras tres mandatos al frente de la Alcaldía para cumplir la condena firme que le inhabilita para empleo o cargo público durante 23 meses por delitos de falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.

   Llamas (PP) ha indicado en declaraciones a Europa Press que acata y respeta la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada en todos sus pronunciamientos por el Tribunal Supremo (TS) y que se marcha "con la conciencia tranquila y la cabeza alta" ya que, según ha dicho, "lo único" que ha hecho ha sido "trabajar por el bien" de su pueblo.

   "Las circunstancias son así. No he recibido sobres, ni he prevaricado, ni he cometido cohecho ni he hecho ningún ERE. En ese caso, diría tierra trágame pero me ha tocado a mí por ayudar a mis vecinos y autorizar a una compañía a dar luz a cuatro viviendas cuando hay más de 6.000 ilegales en el Valle del Almanzora", ha trasladado el regidor, quien acumula en su trayectoria política otros cuatro mandatos en la oposición.

   Llamas, quien ha remarcado que cuenta "con todo el apoyo" de su partido", ha destacado que se siente "muy arropado por la gente" y ha puesto como ejemplo el acto celebrado en la noche del miércoles en Cantoria, en el que unas 300 personas le acompañaron en el anuncio de su renuncia a la Alcaldía. Al acto acudieron, asimismo, otros alcaldes del PP, como Antonio Ramón Salas, de Alcóntar y Raúl Guirao, de Suflí; así como el diputado provincial y concejal de Macael, Guillermo Casquet.

   Sobre quién tomará el relevo al frente de la Alcaldía, ha señalado que, tras el "ajetreo" que han tenido en los últimos días, es una cuestión que se va a abordar "tranquilamente, en estos días, antes del pleno". No obstante, ha remarcado que el PP de Cantoría "es una balsa de aceite, donde no hay zancadillas", por lo que ha augurado que el traspaso del bastón será "tranquilo".

   El Tribunal Supremo (TS) confirmó en una sentencia de 26 de mayo la pena de dos años de prisión y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería a Llamas por faltar a la verdad un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba que hubiera autorizado el suministro de luz y agua a una promoción de cuatro viviendas construidas sobre suelo no urbanizable.

   Fue condenado, asimismo, por no denunciar entre 2003 y 2006 estas edificaciones contrarias a la normativa urbanística ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística sino que, al contrario, según remarca el Supremo, "concedió autorizaciones para el suministro eléctrico y el agua de las mencionadas viviendas".

   La sentencia, que condena también al promotor de la obra y le obliga a la demolición de las viviendas vendidas a ciudadanos británicos para restituir la legalidad urbanística, entró en fase de ejecución el miércoles con la incoación de este trámite por parte de la Sección Segunda.