El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha acordado imponer prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000 euros al exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería Luis Pérez (PSOE), así como a la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo María Teresa González y al empresario almeriense Joaquín Conde, todos ellos imputados en el marco del caso 'Facturas' por el que se investiga una presunta trama de falsificación de facturas de viajes financiados a través del Patronato Provincial de Turismo.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes judiciales y jurídicas, quienes han precisado además que en su auto el magistrado Luis Durbán ha dado de plazo para el depósito de las fianzas hasta el 31 de julio, fecha a partir de la cual se procederá al ingreso en prisión de quienes no hayan abonado las cuantías exigidas.
El magistrado mantiene abierta la investigación por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público continuado, malversación de caudales públicos y prevaricación a raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía para esclarecer el destino de 460.000 euros con los que se habrían abonado más de un centenar de facturas supuestamente ficticias entre 2009 y 2011 con fondos de la Diputación de Almería.
En este sentido, las mismas fuentes han precisado que también se ha solicitado al gerente de la agencia de viajes 'Leitour Viajes', Francisco Javier Guerrero, quien este miércoles abandonaba la prisión de El Acebuche tras permanecer en ella casi dos semanas; que proceda a depositar una fianza de 6.000 euros para no volver a ingresar en prisión preventiva.
El juez también ha interpuesto medidas cautelares a estos cuatro imputados, a quienes se les ha retirado su pasaporte y se les ha prohibido abandonar el territorio nacional, de forma que además deberán comparecer el día 1 de cada mes en el juzgado.
Tras la adopción de estas medidas, el juez tiene previsto continuar con la instrucción del caso y mantiene la imputación de diez personas en la causa, entre las que se encuentran el director de la agencia de viajes, Arístides Javier Martos, el exgerente del Patronato de Turismo Francisco Iglesias, su esposa y la esposa del expresidente de la Diputación y una pareja de amigos de éste último.
El instructor se encuentra a la espera de nuevas pruebas como los movimientos de las cuentas bancarias de la exsecretaria del Patronato y de Teresa R.R., para la que pidió su identificación al tratarse de la hija de la exsecretaria. En torno a una decena de testigos, muchos de ellos trabajadores del Patronato, han prestado ya declaración.
El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación.
Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.
Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.
Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.
La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos tras detectar posibles "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.