El alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, ha indicado este lunes que los hechos por los que ha prestado declaración en calidad de imputado en sede judicial son "supuestas infracciones administrativas que ni existen, no están acreditadas" y ha lamentado que se hayan judicializado por la vía penal "lo que no son sino las vicisitudes propias del día a día de una administración pequeña como nuestro ayuntamiento".
Sánchez, que ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción de Purchena por dos causas distintas, fue denunciado por la Fiscalía Provincial por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda a una mercantil en la que figura como administrador su hermano para la ampliación del edificio del Ayuntamiento, y la construcción de una plaza en un espacio calificado en la normativa urbanística como zona verde.
En un comunicado, el regidor ha asegurado que, en ambos, casos, se trata de expedientes administrativos tramitados con "total normalidad y publicidad en el pleno de la corporación, sin mayor discusión y debate más allá del político" y ha precisado que la ejecución de la obra pública en la plaza se promovió "en el marco del Plan de Obras y Servicios de la Diputación".
En esta línea, ha criticado que ambos expedientes hayan "sido llevados años más tardes a un juzgado penal" por parte del grupo municipal de PSOE, al que ha acusado de "aprovecharse de supuestas infracciones administrativas que ni existen ni están acreditados" para, según ha ahondado, "presentar como delitos lo que no son sino las vicisitudes propias del día a día de una administración pequeña".
"Han llevado a la vía criminal asuntos que debieran quedar resueltos en vías administrativas, las cuales están capacitadas para dar mejor y más rápida respuesta, y soluciones más útiles a los ciudadanos con la única finalidad de intentar perjudicar el crédito adquirido durante años en mi gestión".
Al hilo de esto, ha apuntado que se cuestiona la legalidad "de la ejecución de una plaza pública que fue tramitada sin mayor incidencia" por la Diputación Provincial bajo mandato del PSOE "con informes favorables al respecto, pasándose luego a cuestionarse la legalidad de actuaciones verificadas por sus propios servicios". "Todo ello con una única consecuencia por el momento, cual es que obras que son del interés de los ciudadanos de Fines, se encuentren en ésta fecha paralizadas sin motivos justificados para ello", según ha apuntillado.
Por último, Sánchez ha señalado que las denuncias formuladas "contienen tergiversaciones y confusiones en sus términos, conscientemente formuladas por los denunciantes para incrementar la apariencia delictiva de los hechos, y motivar la intervención judicial", lo que, según ha anunciado, le llevará "una vez todo quede aclarado y se proceda al archivo judicial que espero y deseo, a la exigencia de las responsabilidades pertinentes a los autores de la denuncia".
Por otro lado, fuentes jurídicas han indicado en declaraciones a Europa Press que el regidor, al que la acusación imputa también un tráfico de influencias en este caso, habría reconocido la compra de la vivienda y haber votado a favor en pleno si bien ha señalado ante el juez instructor que "no sabía que era socio de esa empresa y que por eso participó".
También habría admitido que la construcción de la plaza está "paralizada" y que el solar es "aprovechado mientras tanto por el restaurante instalado en un local de su propiedad" y que se instala "una moqueta verde para terraza e, incluso, un castillo hinchable para juegos infantiles". "Ha llegado a decir que la ley que obliga a pedir licencia para ocupar la vía pública no se cumple en su pueblo", según las mismas fuentes.
DENUNCIAS DE FISCALÍA
En uno de los procedimientos, el Ministerio Público consideró, tras el estudio de la querella interpuesta por el grupo municipal del PSOE, que existían "indicios suficientes" de que pudo incurrir en un presunto delito de prevaricación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda a un precio "sobrevalorado" a una mercantil de la que es "administrador su hermano".
Indicaba que el Ayuntamiento de Fines adquirió el 28 de enero de 2008 a la mercantil 'Cars Rodrigo SL', "de la que el propio alcalde podría ser socio" y de la que era administrador su hermano, una vivienda a un precio que podría estar "sobrevalorado". En la querella del PSOE se recogía que el inmueble fue "comprado por 24.000 euros" por la mercantil en agosto de 2008 y vendido al Consistorio por "72.000 euros".
El decreto recogía, asimismo, que podría constituir prevaricación el hecho de que Sánchez "contratase a un arquitecto técnico particular de forma verbal, sin que conste expediente administrativo y presidiendo del asesoramiento que, para estas y otras materias, debe de realizar al Ayuntamiento y la Diputación Provincial" para, según añade, "asegurar los principios de objetividad e imparcialidad en la actuación administrativa".
El otro procedimiento se presentó al considerar el Ministerio Público que podría existir un presunto delito de prevaricación en la construcción de una plaza en un espacio calificado para una zona verde y otra de equipamientos, y utilizada presuntamente por un restaurante colindante, propiedad de la hermana del regidor, como terraza.
Según constaba en la denuncia del PSOE, el solar en el que se construye la obra, aprobada en pleno con los votos a favor de ocho miembros del PP y dos en contra del PSOE, corresponde según las Normas Subsidiarias del municipio a una zona verde de 900 metros cuadrados y otra para equipamiento social de 200 metros cuadrados.
En su escrito, los denunciantes aseguraba que la técnico municipal "refirió verbalmente que no existe ningún informe de supervisión ni de aprobación que diera lugar a la modificación del uso del suelo" mientras que, por su parte, un documento interno de la institución provincial reconocía que las obras contempladas "no se ajustan a las determinaciones del planeamiento vigente".
Así, explicaban que tras paralizar las obras a requerimiento de la Diputación, posteriormente éstas se reanudaron "sin que se autorizara". La denuncia añadía que la obra desarrollada "pasaba a aprovechamiento privado para el uso de un restaurante contiguo" que pertenecía a la hermana del regidor.