El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha manifestado este martes que "sería una catástrofe por parte de todos los organismos" y "una gran irresponsabilidad por parte de todas las instituciones" que se dejaran de prestar los servicios sociales de los que, en el caso de la institución provincial, se benefician más de 40.000 usuarios gracias a los "enormes sacrificios" que realiza la Diputación a consecuencia del "impago" de la Junta.
En rueda de prensa, García ha señalado que la deuda de la Junta con la Diputación asciende actualmente a 14.047.149 euros en relación a la aplicación de servicios de la Ley de Dependencia, Residencia Asistida, Centro Provincial de Drogodependencias o equipos de tratamiento familiar. No obstante, ha apuntado que la Diputación no tiene "ningún problema" en "colaborar de forma leal" con otras instituciones pese a que otras "no cumplen lo que prometen ni lo que firman".
"La credibilidad de la Junta es nula, no existe", ha criticado el portavoz del equipo de gobierno, quien ha señalado que, mientras que la Diputación pueda y "la ley lo permita" seguirán sufragando los servicios sociales conveniados con el Gobierno andaluz pese a que no ofrezca "ninguna explicación" de "por qué no paga".
El vicepresidente ha revelado además que este mismo martes han mantenido una conversación telefónica "confusa" con responsables de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en la que se "ha dejado caer" la posibilidad de incluir la deuda en el tercer plan de proveedores diseñado por el Gobierno central. "No debemos a nuestro proveedor que presta el servicio de la Ley de Dependencia, la deuda la tiene la Junta con nosotros y no nosotros con la empresa", ha dicho el vicepresidente.
Así, ha señalado que no es posible "meter en el plan de proveedores nada" porque la Diputación "no le debe nada a nadie". García ha apuntado que, por el momento, no se ha tenido ningún tipo de propuesta formal en relación a este asunto así como tampoco alguna petición por parte de la Junta para condonar ni renunciar a parte o la totalidad de la deuda.