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Viernes 15/11/2024
 

Almería

La Junta defiende una inversión de 13 millones para mantener el Hospital Provincial ante la denuncia de Diputación

Ferrer asegura que se ha actuado \"de buena fe\" para asegurar espacios mientras que la institución \"nunca\" ha hecho inversiones en 21 años

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La delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha manifestado este jueves que la Diputación "se ha denunciado a sí misma" al elevar una denuncia ante la Fiscalía por el estado del Hospital Provincial cuyo titular es la institución supramunicipal, si bien el disfrute de buena parte de sus espacios ha correspondido, mediante cesión o uso, al Servicio Andaluz de Salud (SAS), el cual, según la delegada, ha invertido 13 millones de euros en el mantenimiento de las instalaciones.

   En una rueda de prensa, Ferrer ha criticado la "deslealtad" con la que, a su juicio, ha actuado la Diputación al presentar esta denuncia contra el SAS, ya que durante los 21 años en los que la Junta ha ocupado las antiguas instalaciones se han ejecutado obras de mantenimiento por valor de 12 millones de euros, y otras de reparación y adecuación por otro millón más, tanto en zonas cedidas mediante acuerdo como en otras usadas por ambas administraciones e incluso, según ha apuntado, en algunos espacios no usados ni compartidos dependientes de la Diputación.

   Ferrer ha reconocido que, pese a las intervenciones de la Junta, no se ha actuado en todos los espacios cedidos del edificio, sino en aquellos que, debido a las necesidades de funcionamiento y por presupuesto, se ha podido acceder y actuar "de buena fe". Asimismo, ha asegurado que cada vez que se realizó una actuación se dio parte de la misma a la Diputación como propietaria del inmueble, si bien desde la institución "nunca" se ofreció compartir el coste de las reparaciones.

   En este sentido se ha pronunciado también el subdirector administrativo y de servicios generales del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, José Sánchez Bosquet, quien ha asegurado que durante el periodo en el que la Junta ocupó las instalaciones sanitarias, desde 1990, La Diputación "no ha intervenido nunca en las zonas de tránsito o uso compartido" cómo sí ha hecho la Junta en el periodo comprendido entre 1992 y 2003, según ha precisado la delegada.

   La representante del Gobierno andaluz ha detallado que aunque en el convenio de colaboración entre Junta y Diputación quedaron "flecos abiertos" en cuanto a quién correspondía el mantenimiento y conservación de zonas compartidas, el SAS ha mantenido estos años un cuadrilla de 15 operarios encargados de mantener estas zonas e incluso de actuar en espacios no cedidos con carácter "preventivo" y ante esta misma "indeterminación".

   Con esto, Ferrer ha apuntado que las zonas apuntaladas y en estado de ruina que el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García (PP), mostró a los medios de comunicación durante una visita al antiguo sanatorio estaban "en las zonas no cedidas ni usadas" por la Junta, por lo que ha insistido nuevamente que es a la Diputación, como propietaria del edificio, a quien corresponde el adecentado del inmueble.

  "Unos han invertido y otros no han invertido ni un solo euro", ha diferenciado Ferrer tras ser preguntada por una posible solución para rehabilitar el edificio antes de apuntar que, en cualquier caso, el responsable del inmueble es el dueño del edificio y que, en consecuencia, "la única responsable del deterioro es la Diputación".

INTERVENCIÓN DE CULTURA

   En cuanto a la intervención de Cultura en el edificio, ya que algunas partes del mismo están declaradas como Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Monumento desde 2007, Ferrer ha detallado que desde la incoación del expediente para su declaración la Junta colaboró en la redacción de un catálogo de muebles e inmuebles sobre el que, según ha recordado, la Diputación ha reclamado algunos de ellos que no han sido encontrados.

   La delegada ha explicado que existen "multitud" de bienes muebles de los que "tres" "se han perdido o se han roto o no están", pero en cambio "han aparecido nuevos que no estaban inventariados". Asimismo, ha señalado que algunos como el despacho de dirección o una mesa de autopsias no han desaparecido sino que "están en otro lugar" del nuevo CARE, edificado sobre parte del antiguo hospital, y que cambiaron de ubicación por el estado del edificio.

   La jefa de servicio de bienes culturales de la Delegación de Cultura de Almería, María Ángeles Sáez, ha explicado además que a partir de la notificación recibida por parte del Ayuntamiento, que dio orden a la Diputación para que actuara en la cubierta de la capilla del hospital y parte de la fachada, la Junta dirigió el 11 de marzo un escrito al presidente de la Diputación, Gabriel Amat, para que los técnicos pudieran realizar una visita a la parte declarada BIC y adoptar una postura con respecto a su mantenimiento.

   En esta línea, Sáez ha precisado que aún no se ha obtenido contestación por parte de la institución provincial para que los técnicos de Cultura visiten el espacio, si bien espera que a lo largo de la próxima semana se dé autorización para inspeccionar el estado del BIC, sobre el que "no se ha podido hacer un seguimiento exhaustivo"

APORTACIÓN PARA EL NUEVO CARE

   Además de todo esto, la Junta ha mostrado su interés en exigir a la Diputación Provincial que abone los 1,5 millones de euros que la institución se comprometió a aportar para la edificación del nuevo CARE 'Nicolás Salmerón' sobre parte del antiguo hospital y en el que el SAS invirtió 8,4 millones de euros.

   La Diputación, a través de un informe de intervención, ha comunicado que debido a los plazo presentes en el acuerdo, el compromiso de pago de esa cuantía ha expirado, si bien no lo entienden así desde la Junta, cuyos servicios jurídicos defienden que el pago "no ha prescrito" ya que, según el convenio, esta obligación de pago "se extinguirá cuando se dé cumplimiento a las condiciones contenidas" en el acuerdo, según ha apuntado la delegada.

   Para la Diputación, el convenio indica que los 1,5 millones de euros debían abonarse en dos anualidades entre 2006 y 2007, si bien la obligación de pago expiraba a los cuatro años de la firma del convenio, por lo que consideran que la Junta debía haber exigido el abono en las anteriores corporaciones bajo el mandato del PSOE.

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