El portavoz del grupo municipal del PSOE de Almería, Joaquín Jiménez, ha criticado este jueves al alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, por su "pasividad" ante la reclamación económica de la anterior empresa concesionaria del servicio de cementerios (CEAL) a la que el Ayuntamiento tendrá que abonar unos siete millones de euros a partir de los próximos tres meses tras un auto de ejecución en el que se ordena el pago de la deuda reconocida y se rechaza un acuerdo de la junta de gobierno en el que se abogaba por la revisión de oficio del expediente.
Ante esta situación, los socialistas han pedido que se cree una comisión de investigación ante la trayectoria de once años que ha recorrido este asunto hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoció en septiembre del pasado año una deuda de 5,4 millones de euros a CEAL tras estimar el recurso que interpuso contra el acto administrativo por el que se acordó la rescisión del contrato.
El portavoz socialista ha recordado las alegaciones al presupuesto que en enero pasado "advertían que esto iba a ocurrir" pese a lo que "el PP no quiso contemplar partidas presupuestarias para hacer frente al cumplimiento de una sentencia firme del TSJA", que fija 5.410.459 euros por la anulación del contrato, otros 157.571 de devolución de fianza y los intereses legales correspondientes, que ascienden a 1.348.302 euros, según indican los socialistas en una nota.
Así, desde el PSOE recuerdan que otras reclamaciones económicas de importancia están pendientes de resolución judicial como la concesión del campo de golf y la parcela comercial de El Toyo o los contenciosos de la Ciudad Digital y el cuartel de la Policía Local. Por ello, los socialistas pedirán la convocatoria de un pleno extraordinario para que se constituya una comisión de investigación que depure las responsabilidades políticas de esta situación.
La concejal socialista María del Carmen Núñez ha indicado que esta condena judicial es "la más grave de las muchas que pueden afectar al Ayuntamiento". Según ha relatado la edil, en 2003 la empresa que tenía la concesión del servicio de cementerios pidió la liquidación del contrato alegando causas imputables al Ayuntamiento, si bien éste no se pronunció en ningún sentido.
De este modo, en 2006 la empresa continuó prestando un servicio "cuya calidad iba en constante descenso", con lo que la concesionaria volvió a pedir la liquidación del contrato. "El ayuntamiento siguió sin pronunciarse y no defendía sus intereses, que son los de los ciudadanos", ha apuntado la concejal, quien añade que ante esto, la empresa consideró que se había aceptado su reclamación por silencio administrativo positivo, por lo que exigió judicialmente la deuda.
En diciembre de 2013, la junta de gobierno local decidió comenzar la revisión de oficio del expediente administrativo, un acto que la empresa recurrió y que ha dado lugar a auto que anula dicho acuerdo de la junta de gobierno y confirma las sentencias anteriores. El auto marca un plazo de tres meses al Ayuntamiento para efectuar el pago de las cantidades reclamadas.