La Fiscalía de Almería ha incoado diligencias de investigación para dirimir si hay indicios de ilícito penal en las presuntas irregularidades detectadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la obtención de los fondos públicos para cursos de formación destinados a desempleados y su aplicación por parte de empresas radicadas en la provincia.
La resolución llega después de la que la Fiscalía de Málaga derivase para su conocimiento a su homónima en Almería la supuestas ramificaciones en la provincia de este presunto fraude, que, según el informe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF, podría afectar a "unas cuantas" empresas o personas físicas que se han beneficiado de estas subvenciones.
Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que, tras la incoación de estas diligencias, se procederá al análisis de la documentación policial recibida, que apuntaría a un mismo modo de operar en Málaga y Almería, para que la Fiscalía decida si procede, como en el caso de Málaga, formular la denuncia y judicializar la investigación ante posibles indicios de responsabilidad penal o si bien procede archivar.
Las diligencias de investigación en Málaga se incoaron en mayo de 2013 al recibir un informe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se aludía a presuntas irregularidades en la obtención de ayudas por parte de personas y empresas en el marco de los planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía.
En informes posteriores se aludía a una presunta "falta de control" de esas ayudas y a que "en la mayor parte" de los beneficiarios de las citadas subvenciones se producían "graves incumplimientos" respecto a los requisitos que la legislación sobre subvenciones establece.
Otras de las irregularidades detectadas se resumirían, según la denuncia que interpuso la Fiscalía de Málaga, en "la práctica de caza de subvenciones" por parte de algunas empresas y la "falta de solvencia y experiencia" en las entidades.
La UDEF realizó un último informe ampliatorio en el que se concretaba que esas supuestas irregularidades se habían detectado en 17 de las 20 empresas o personas físicas beneficiarias en la capital de la Costa del Sol y se apuntaba a presuntas irregularidades similares en otras provincias andaluzas, "significándose el caso de Almería".