La juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería ha incoado diligencias de investigación a raíz de la denuncia emitida por la Fiscalía de Almería para pedir que se judicialice la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía para cursos de formación en los años 2010 y 2011 al considerar que podrían existir indicios de delito.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han precisado que la titular del juzgado ha decidido decretar el secreto de sumario sobre las actuaciones a practicar a raíz de la denuncia que llegó hace menos de un mes después de analizar los primero informes realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Los hechos recogidos en dichos informes a partir de las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, según las primeras apreciaciones del Ministerio Público.
En su denuncia, la Fiscalía solicitó a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF que realizara "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería.
El Ministerio Público indica que en el testimonio de particulares remitido desde la Fiscalía de Málaga se incluye un informe de la UDEF "en el que se da cuenta de irregularidades detectadas" en la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE".
Remarca que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producen "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación sobre subvenciones establece al efecto y señala, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".
La Fiscalía de Almería detalla en su denuncia, asimismo, que, en un segundo informe de la UDEF, "se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería" aunque matiza que "no se realiza una investigación profunda y detallada".
Sí hace mención a que en el citado informe se citan "varias" empresas en las que se "han detectado diversas irregularidades" y recoge cuatro en concreto: "Quintaeventos SL; Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL.", según han informado a Europa Press las citadas fuentes.
El Ministerio Público interesa, además de la incoación del procedimiento penal y el oficio a la UDEF para que realice una "investigación profunda y detallada de los hechos", que se incorpore a la causa el testimonio de particulares de las diligencias de investigación penal de la Fiscalía de Málaga.