Los colectivos ecologistas han anunciado este jueves su intención de solicitar la próxima semana ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la nulidad de las actuaciones, y por ende, de la sentencia dictada por la Sección Tercera del Alto Tribunal andaluz en la que dicta que la licencia municipal de obras concedida en 2003 al Azata del Sol para construir el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Según han explicado a Europa Press fuentes de Ecologistas en Acción, el recurso para solicitar la nulidad de la sentencia, que también será apoyado por Salvemos Mojácar, incidirá en que la sala "no ha llegado a dirimir el fondo de la cuestión" al haber inadmitido las impugnaciones de los colectivos conservacionistas ante un defecto de forma, puesto según apuntaba el tribunal, "no acreditaron que existiera un previo acuerdo del órgano competente de las respectivas asociaciones que asumiera la decisión de interponer las demandas".
En esta línea, han subrayado que el defecto de forma que al que hace referencia la Sala en su sentencia es "subsanable" y que, de hecho, "se subsanaron las deficiencias" para que los argumentos esgrimidos los ecologistas fueran tenidos en cuenta a la hora de efectuar un pronunciamiento judicial frente al recurso a la sentencia del juez Jesús Rivera, que sí daba por nula la licencia de obras.
Asimismo, desde el colectivo han lamentado que se "expulsara" a las organizaciones del proceso judicial mediante este razonamiento y que, a su entender, también se "expulsara de facto" a la Administración del Estado, ya que aunque solicitó la revisión de la licencia al entender que su concesión es contaría a las leyes de la costa y el medio ambiente, "no se hace referencia a su posicionamiento en toda la sentencia".
La sentencia apunta que la licencia fue concedida "con arreglo al planeamiento urbanístico aplicable, ya que este planeamiento había sido aprobado por la propia Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento carbonero", contando, según remarca, con "informes previos y favorables" de la Administración del Estado, "que como titular de la defensa de las Costas no opuso ningún inconveniente".
No obstante, según observan desde Ecologistas, la Sala no concreta en su sentencia si los terrenos cuentan o no con carácter urbanizable a tenor del plan urbanístico definido para la zona. Igualmente, critican que el TSJA entre a analizar pretensiones "obsoletas" por parte de la Junta de Andalucía, al situar la zona de servidumbre en 50 metros en lugar de definir la misma en 100 metros, según ha quedado acreditado ya en sentencias anteriores dictadas por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, se espera que también a lo largo de la próxima semana Salvemos Mojácar interponga una querella criminal por prevaricación ante el Tribunal Supremo (TS) contra los tres magistrados del TSJA que dictaron la sentencia; una querella que se basaría en la "legalización" de parte de la servidumbre de la costa del hotel, según interpretan.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL
Desde Ecologistas en Acción han llamado también la atención sobre las acciones de dos de los tres magistrados de la Sala que declaró conforme a derecho la licencia después de que el ponente de la misma y presidente de la Sala de lo Contencioso, Rafael Toledano, haya solicitado una plaza en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
Asimismo, han apuntado a la excedencia voluntaria solicitada por el magistrado Rafael Jorge Muñoz a partir del próximo 4 de septiembre "sin que en ella pueda permanecer menos de dos años", según recoge el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado en el que se declara la situación por la que el magistrado podrá trabajar "en un despacho profesional", según indican desde los colectivos.
Cabe recordar que los colectivos ecologistas y la Junta de Andalucía presentaron un incidente de nulidad sobre la vista celebrada en enero por los miembros de esta Sala para dirimir sobre la licencia por presuntas "irregularidades" en relación a la designación del ponente, si bien el mismo quedó finalmente archivado después de que la Junta desistiera de su petición para retrotraer las actuaciones a noviembre de 2013.