La Guardia Civil de Almería ha detenido a cinco personas de entre 18 y 35 años vinculadas a un establecimiento de Huércal-Overa (Almería) acusadas de un delito contra la salud pública por poner a la venta productos alimenticios que se encontraban caducados y en mal estado de conservación, de forma que se llegaron a encontrar insectos en el interior de ciertos envases, como paquetes de macarrones, o botellas de aceite caducadas desde 2012.
Según ha indicado la Comandancia en una nota, tras una inspección en la tienda se procedió a detener a tres trabajadores, la propietaria y el gerente, estos dos últimos imputados además por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que sus empleados carecían de contrato laboral.
El negocio exponía para su venta al público bebidas, congelados, lácteos, harinas, aceites, embutidos y huevos, entre otros productos, en su mayoría caducados y no aptos para el consumo. Entre los productos caducados, en el mostrador del comercio y al alcance de menores de edad, también se encontraban golosinas, chocolates y bombones.
En el inicio de la inspección, en presencia del gerente y uno de los trabajadores del comercio, la Guardia Civil detectó que entre el 70 y el 80 por ciento de los productos en stock de la tienda se encontraban caducados, algunos, como botellas de aceite, desde el año 2012 y el resto durante el pasado y año actual.
Además, los agentes comprobaron que la vitrina donde exponían alimentos perecederos como lácteos, huevos y embutidos se encontraba apagada, de manera que habían colocado una luz en su interior para simular su funcionamiento, con lo que los productos de su interior rompían la cadena de frío que necesitan los comestibles para su correcta conservación.
LOCAL PRECINTADO
Tras la inspección alimentaria y al requerirle al gerente, la documentación y contratos del personal que trabaja en la tienda, éste informa a los agentes que todos carecen de contrato laboral, instándole la Guardia Civil a que, junto con la propietaria y los tres trabajadores del comercio, acudan a dependencias oficiales para continuar con las diligencias, al tiempo que se precintó el establecimiento comercial.
Una vez todos en dependencias policiales, la Guardia Civil procede a la detención de los cinco como presuntos autores de delito contra la salud pública, imputándoles también a la propietaria y al gerente la comisión de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
