El fiscal ha mantenido este lunes la petición de penas de 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Zurgena (Almería) y actual concejal de Obras Públicas, Cándido Trabalón, y siete exediles acusados de prevaricar al autorizar presuntamente en 2007 la construcción de 202 viviendas sobre suelo no urbanizable.
En el trámite de informes del juicio, que ha quedado visto para sentencia ante el Juzgado de lo Penal número 2, el Ministerio Público también ha elevado a definitiva la calificación provisional de los hechos para los administradores de Inmuebles Promurdi SL y el arquitecto que elaboró el proyecto, quienes enfrentan a cuatro meses de cárcel y ocho meses de multa a razón de 12 euros al día.
En la segunda sesión de la vista oral, han prestado declaraciones testifical los agentes de la Guardia Civil, que se han ratificado en el contenido de los atestados incorporados a la causa, y los técnicos de la Junta de Andalucía, que han defendido en sala la condición de suelo no urbanizable de la parcela de La Alfoquía sobre la que se proyectó la construcción de las 202 viviendas.
Por su parte, la exsecretaria municipal de Zurgena ha asegurado en sala, al serle mostrado el acta del pleno en el que se dio vía libre a la licencia de obras, que la letra "no era" la suya, que ella "no" la redactó y ha aludido a que lo solía hacer un "funcionario" al que no ha identificado, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. También ha indicado que de haber apreciado "alguna ilegalidad, lo habría advertido al pleno".
Cabe recordar que en la primera sesión, celebrada el jueves, se produjo un punto de inflexión en el devenir de la vista oral ya que, al comienzo, una de las partes aportó fotocopia del libro de actas donde se recoge la de la sesión plenaria en la que se aprobó esa licencia y que, a lo largo del procedimiento, la Fiscalía ha requerido sin éxito en hasta dos ocasiones al Ayuntamiento zurgenero.
Dicho libro de actas, una de las principales pruebas de cargo sobre los que se asienta la acusación pública, se le mostró a Trabalón, quien hizo notar que no estaba firmada. Al ser interpelado por su defensa sobre si recordaba haber participado en ese pleno, aseguró que no. Acto seguido, el fiscal impugnó la incorporación como medio de prueba del citado documento y alegó la existencia de vicio de nulidad.
"TEMA POLÍTICO"
En su declaración, el exregidor, único de los enjuiciados que continúa activo en política, volvió a asegurar que las causas abiertas contra él por la concesión de licencias municipales de obra en suelo presuntamente no urbanizable e impugnadas por la Junta responden a "un tema político" y afirmó que la parcela donde se autorizó la construcción es "urbana, históricamente y según un informe técnico de la Diputación".
"Nunca hubo ningún problema desde que entré como primer teniente de alcalde en 1999 y la Junta tenía conocimiento de todo lo que hacíamos en base a las Normas Subsidiarias Provinciales. Fue de golpe y porrazo, a partir de 2005, que se nos empezó a decir que todo era ilegal y que sólo era suelo urbanizable el núcleo urbano de Zurgena", trasladó para apuntillar: "si no pueden ganarte democráticamente las elecciones, lo intentan por otro sitio".
Trabalón defendió a preguntas del fiscal la "existencia" de un segundo informe que sí era favorable a la aprobación frente a un primero que ponía reparo por exceder la altura máxima que permitía la normativa y achacó el hecho de que no estuviese aportado a la causa a la intervención del Ayuntamiento de Zurgena en 2007 por parte de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Costurero', que derivó en su detención y en la del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras.
"Nosotros nunca hemos llevado a pleno nada sin informes favorables y fue la Guardia Civil la se llevó casi toda la documentación del Ayuntamiento y toda la del despacho de Urbanismo, sin dejar copia de nada. Se ha devuelto algo pero lo que estaba en Urbanismo no hasta la fecha, así que debe estar en el juzgado de Huércal-Overa o la tiene", dijo el exalcalde.
Remarcó, por último, que el carácter de barriada histórica de La Alfoquía, que "la Junta quiere hacer ver que no existe, pero donde vive gente desde 1977 y actualmente cuenta con unos 1.600 residentes de los 3.000 censados en el término municipal" y subrayó que "a 50 metros de la parcela donde estaban proyectadas las 202 viviendas está el cuartel de la Guardia Civil que no creo que el Ministerio del Interior construyese en un secarral, está el centro de salud, hay aceras, alumbrado en las calles, luz y agua desde los años 70 e, incluso, una promoción de 30 viviendas de la Junta de Andalucía a 70 metros y a 150 metros, otra promoción del MOPU".
"LISTA PARA CONSTRUIR"
Junto a Trabalón declararon el resto de acusados, incluidos el promotor del residencial y el arquitecto que redactó el proyecto. El primero, J.I.J.R., apoderado de la mercantil Inmuebles Promurdi S.L., ha asegurado que cuando se adquirió la parcela está era "finalista, lista para construir" y que "nada hacía pensar que no era urbano porque había farolas, aceras y gente viviendo" mientras que el segundo, J.L.L., ha negado que se les adviertiese "ni por escrito ni verbalmente de que el suelo fuera no urbanizable".
El escrito de acusación fiscal recoge que J.I.J.R., en calidad de apoderado de la mercantil Inmuebles Promurdi S.L., decidió construir 202 viviendas en la parcela 168 del Polígono 16 del término municipal de Zurgena, más conocido como pareja de La Alfoquía, "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y que no eran autorizables conforme a la legislación en materia urbanística".
Así, habría encargado al arquitecto J.L.L. la redacción del proyecto, encargo que realizó y que contemplaba ocho edificios de tres plantas con una altura de 8,87 metros "con conocimiento de que el suelo no era urbanizable y que las viviendas no eran autorizables" y, además, de que "conforme a la legislación urbanística la altura del inmueble no podía superar los siete metros ni las dos plantas".
Según indica el Ministerio Público, la mercantil solicitó al Ayuntamiento la licencia de obras el 22 de junio de 2005. En el expediente administrativo se emitieron los preceptivos informes jurídico y técnico. El primero "no era ni favorable ni desfavorable" a la licencia pues se limitaba a señalar que "debían ser los servicios técnicos los que determinaran si era adecuado a la normativa urbanística".
En el caso del segundo informe, tal y como añade el fiscal, este no era favorable y advertía de que el proyecto "incumplía la normativa que solo autorizada planta baja y primera con una altura máxima de siete metros".
Pese a estas premisas, el 7 de octubre de 2005, siete ediles de la corporación local y Trabalón como alcalde, votaron en pleno a favor de la concesión de la licencia pese a que "todos ellos eran conocedores" de las circunstancias expuestas anteriormente.
A J.I.J.R. y a J.L.L. el fiscal les imputa un delito contra la ordenación del territorio en grado de tentativa ya que aunque la mercantil allanó el terreno e instaló farolas y una caseta prefabricada donde ofrecía la venta de las futuras viviendas, no se llegó a iniciar la construcción de ninguno de los ocho edificios debido a que la Guardia Civil levantó atestado en abril de 2007 y se incoaron diligencias previas un mes después.