El presidente de la Diputación Provincial de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), ha afirmado este jueves que él "ha declarado donde tenía que declarar judicialmente" en relación a su imputación en el marco de la investigación del caso 'La Fabriquilla' relativa a la concesión de una licencia para la construcción de diez chalés en el municipio roquetero, de manera que ha negado que él "desprestigie" por este caso al Consistorio o a la institución provincial.
"Amat no desprestigia al Ayuntamiento de Roquetas de Mar ni a esta Diputación, el que los desprestigie, allá con su problema", ha manifestado el propio presidente en el pleno extraordinario convocado a petición del grupo del PSOE en la Diputación, que junto a IULV-CA, ha vuelto a reclamar su "dimisión" tanto como presidente de la institución provincial como en el Ayuntamiento.
No obstante, ha vuelto a defender que la licencia que se otorgó para la edificación "se dio legalmente" y lo demostrará "donde tenga que demostrarlo". Amat, que ha afirmado que se va a "aguantar las ganas" de comentar de forma más extendida su respuesta, ha recordado además que los expedientes están a disposición de los concejales roqueteros "para que la comprueben y hagan lo que creen que tienen que hacer".
Con esto, ha evitado realizar más comentarios sobre este asunto y se ha remitido a un informe elaborado por el secretario general de la Diputación elaborado a raíz de la convocatoria del pleno en el que se recoge que el asunto a tratar "no tiene relación con la competencia del pleno de esta Diputación" puesto que "la imputación está relacionada con una actuación administrativa acaecida en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar".
El mismo informe, consultado por Europa Press, recoge que la fiscalización sobre la situación descrita "corresponde al pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y no al pleno de la Diputación" que, no obstante, sí podría pronunciarse sobre la segunda parte de la petición de comparecencia, relativa a los "daños que a la imagen de la institución está provocando esta situación". Ante esto, se ofrecía la posibilidad de debatir únicamente a esta segunda parte.
La portavoz del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez, ha insistido en el "daño" que este caso provoca en la Diputación y le ha recriminado que no ofrezca explicaciones de manera pública a la ciudadanía. Así se ha remitido en numerosas ocasiones a la cantidad de titulares de prensa escrita y digital, provincial y nacional, que "asusta" y en los que se señala la imputación del presidente. "Le está quitando a los ayuntamientos el derecho a recibir una explicación", ha apuntado Pérez, para quien sobre Amat "pesa una duda razonable" y por ello "ha quedado señalado".
Por su parte, el portavoz de IU, Juan Pablo Yakubiuk, ha solicitado la dimisión de Amat y ha insistido en la vinculación entre el cargo de alcalde y presidente de la Diputación ante las posibles "decisiones penales" que pueden afectar a su cargo ante la investigación "por presunto delito de prevaricación urbanística" y no ante un "tema administrativo".
En esta línea, ha desvelado un informe de la sección de Urbanismo de Roquetas de Mar emitido el 6 de octubre de 2011 en relación a la tramitación de una innovación en el PGOU que afecta a la zona en cuestión, en el que se señala que "se suprimirán las referencias a las suspensiones del TSJA así como los anexos II y IV, ambos inclusive"; anexos referidos a la ficha urbanística.