La Fiscalía de Almería va solicitar cuatro años y seis meses de prisión para un ciudadano británico de 59 años acusado de estafar a unos compatriotas, a quienes vendió para "residencia habitual" una vivienda unifamiliar en Arboleas, que construyó presuntamente sin licencia de obras y sobre suelo no urbanizable.
En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público imputa a G.D.C. la comisión de un delito de estafa, por el que interesa, además de la pena privativa de libertad, que se le imponga una multa de 16 meses a razón de seis euros al día.
Según recoge, el acusado, como administrador único de dos empresas y con "ánimo de lucro ilícito", llevó a cabo un contrato de compraventa privado en febrero de 2001 con un matrimonio británico.
El citado contrato vendía una parcela de terreno ubicada en el paraje La Cinta y se condicionaba la venta a la construcción de una vivienda por una de las citadas mercantil.
El fiscal remarca que los perjudicados suscribieron el contrato con la intención de convertir la casa en su residencia habitual y "con la total creencia de que contaba con todas los permisos y las licencias exigidas por la ley".
En marzo, D.G.C. suscribió presuntamente con los mismos compradores un nuevo contrato con respecto a la misma venta y que les convertía en promotores de la misma.
El acusado se comprometía, además, en virtud de este nuevo contrato a entregar la vivienda "con la conexión de luz y agua, permisos de obras y todos los gastos legales".
El Ministerio Público sostiene en su escrito que "no consta" licencia de obra "alguna, encontrándose situada en un terreno calificado como suelo no urbanizable común, y sin licencia de primera ocupación".
Añade que D.G.C., con "conocimiento de la situación ilegal del inmueble que construyó para los perjudicados", no habría solicitado al Ayunrtamiento permisos para vivienda sino para ejecución de una nave dedicada a almacén de aperos de labranza en junio de 2002.
Según especifica, el coste total de la venta ascendió a 190.324,39 euros, lo que fue liquidado "totalmente el 1 de febrero de 2006", aunque posteriormente, en 2004, se realizó un garaje anexo a la vivienda con un coste de 14.200 euros.
La Fiscalía remarca que, a fecha de la denuncia, a finales de 2012, la vivienda "carecía de suministro de agua al no constar licencia de primera ocupación".
Como responsabilidad civil, solicita que, debido a la nulidad del contrato por falta de objeto, se restituyan las aportaciones hechas y condiciona la restitución de la vivienda a la devolución del dinero satisfecho por los perjudicados.