La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado que se dedicaba presuntamente a solicitar permisos de residencia temporal facilitando a ciudadanos extranjeros contratos de arrendamiento y domicilios falsos por entre 700 y 1.200 euros y ha detenido a sus cinco integrantes.
La operación, que se ha saldado con el arresto de otras 16 personas imputadas por presuntos delitos de falsedad documental, ha logrado descabezar la trama a cuyo frente se situaba una mujer, propietaria de los dos edificios en los que residían los inmigrantes, y sus dos hijos. Contaban con la colaboración, además, de otras dos personas.
El 'modus operandi' de la organización era proporcionar a ciudadanos extranjeros contratos de arrendamiento falsos para poder empadronarse, documentos que eran utilizados después para requerir la práctica de actas notariales de manifestaciones y presencia empleando los domicilios para simular residir en los mismos.
Esto, en unión de la documentación falsa se presentaba a los notarios para que practicaran dichas actas, dando fe de la residencia. Posteriormente estos documentos eran incorporados a expedientes administrativos, como los de solicitud de residencia temporal inicial por reagrupación familiar.
La investigación, llevada a cabo por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería en colaboración con la Oficina de Extranjería, se inició en marzo después de que la citada Oficina de Extranjería informase de la existencia de numerosas actas notariales de presencia referidas a dos edificios situados en la calle Juan Sebastián Bach, aportadas por ciudadanos extranjeros en solicitudes de autorización de residencia temporal por reagrupaciones familiares.
Los agentes, que constataron que resultaba especialmente llamativo que los dos edificios fueran propiedad de una misma persona, recabaron los expedientes y procedieron al análisis detallado de la documentación presentada, comprobando de esta manera que las citadas actas notariales de presencia eran utilizadas en solicitudes de reagrupación familiar donde el interesado debía demostrar que poseía una vivienda y medios suficientes de vida para reagrupar a un familiar el tiempo establecido.
Seguidamente los investigadores comprobaron en los domicilios relacionados con las actas notariales y contratos de arrendamiento, quienes eran los moradores y cuanto tiempo llevaban viviendo en los pisos. Fruto de las gestiones llevadas a cabo en todas las casas se pudo demostrar que en ninguno de los domicilios en cuestión habían residido los demandantes de las reagrupaciones familiares solicitadas.
Los cinco integrantes de la trama están imputados por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, estafa y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
