La Junta de Andalucía ha recurrido al Tribunal Supremo (TS) para que le dé la "autorización de entrada" en las fincas sobre las que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) que le negó en dos resoluciones de mayo y diciembre de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pese a que ostenta la titularidad de los terrenos en virtud del derecho de retracto que ejerció en 2006 por 2,3 millones de euros.
El Gobierno andaluz opta, así, por presentar recurso de casación ante el Alto Tribunal frente a la vía civil a la que le emplazó el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, el magistrado Rafael Toledano, quien consideró que el derecho de retracto ejercido por la Junta de Andalucía no suponía "la adquisición de la propiedad por sí misma" y que era preciso para ello la previa inscripción registral del documento en el que se formalizase "el negocio jurídico traslativo de la propiedad" entre la administración autonómica y la promotora del inmueble.
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press y anterior a las tres últimas sentencias del Tribunal Supremo que han dado lugar a la creación de una comisión mixta para abordar la demolición del hotel de 411 habitaciones y 22 plantas, la Junta entiende que el acta de ocupación incluida en el derecho de retracto "legitima a entrar en la finca" sin necesidad de que se acuda a la vía civil y recuerda que sólo la "oposición del interesado", como ocurre en este caso con Azata, obliga a contar con "una autorización judicial".
El Gobierno andaluz solicitó en febrero de 2015 y, posteriormente y ante una primera negativa, en septiembre de ese mismo año al TSJA "auxilio judicial" y que expidiese "autorización de entrada" en los terrenos para "tomar posesión de la finca" ante la "actitud de las entidades Azata del Sol y Azata Patrimonio SL" que, según remarcaba, había "impedido su entrega voluntaria". El objetivo era, tal y como especificaba, poder dar cumplimiento al protocolo conjunto firmado en 2011 con el Ministerio de Medio Ambiente para demoler el inmueble y restaurar la playa.