La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar 12 años de prisión para A.G. acusado de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como otros cuatro años para A.A. por uno de esos mismos delitos, después de que fueran identificados como los patrones de dos pateras que partieron a España desde las costas de Argelia con 42 personas en total, entre ellas, dos menores.
Según recoge la calificación fiscal, consultada por Europa Press, los acusados habrían cobrado a cada uno de los ocupantes de la patera una cantidad que oscila entre 700 y 1.000 euros por la travesía, con lo que habrían obtenido un "ilícito enriquecimiento" a costa de los inmigrantes, quienes carecía "de autorización o permiso para acceder a España".
En este sentido, la Fiscalía apunta además la "escasa calidad" de las embarcaciones mediante las que trataban de introducir en el país "a numerosos inmigrantes" que "por sus circunstancias personales" deseaban abandonar Argelia.
El Ministerio Público achaca a A.G. su participación en la organización el 6 de mayo de 2013 de una patera con 18 personas de origen argelino que fue interceptada a unas 1,6 millas náuticas de Carboneras. Los ocupantes de la infraembarcación, de ocho metros de eslora y dos de manga, habían partido de las costas de Orán tras el pago de cantidades de entre 850 y 1.000 euros al acusado, quien era el dueño de la embarcación, de acuerdo con la acusación fiscal.
La embarcación "carecía de medidas de seguridad" y sus ocupantes "no llevaban salvavidas o elementos similares" que les permitieran ponerse a salvo en caso de emergencia durante la travesía, que tuvo lugar de noche con la ayuda de otras personas que no han sido identificadas.
Junto a este caso, el fiscal también considera que el acusado habría participado en la organización de otra patera que fue interceptada el 26 de diciembre de 2014 a unas nueve millas náuticas de Mojácar con 24 personas de origen argelino a bordo, entre ellas dos menores, y cuyas dimensiones eran de seis metros de eslora por dos de manga.
Según la investigación, la embarcación iba patroneada por A.G. y A.A., personas que "en connivencia con otras no identificadas", habrían acordado transportar a los inmigrantes previo cobro de 700 euros a cada uno de ellos, a los que no se les otorgó medidas de seguridad.
La Fiscalía destaca en este caso que la embarcación "era inapropiada" para el viaje en relación al número de personas, quienes en algún momento tuvieron que "achicar el agua" que entraba en la patera ya que había marejadilla, lo que daba lugar la "existencia de peligro".
