Tres lustros han pasado desde que el magistrado Jesús Rivera, entonces titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, ordenó paralizar "en aras del interés público" la construcción del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, cuando estaba ejecutada al 74 por ciento, según acaba de determinar la Audiencia Nacional.

Un 21 de febrero, pero de 2006, un auto de medidas cautelares dejó en un limbo la edificación de una veintena de plantas y de 411 habitaciones, alguna de ellas vestida ya como si fuese a acoger huéspedes, porque pese a "estar amparada" en una licencia de obras municipal que presentaba "apariencia de ilegalidad", invadía "totalmente" la zona de 100 metros de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

El tiempo transcurrido, medido en una profusa sucesión de sentencias, ha terminado dando la razón al magistrado Jesús Rivera, no sólo cuando vislumbró indiciariamente que el hotel vulneraba la Ley de Costas, sino también cuando dejó escrito en ese mismo auto, por primera vez, que la zona en la que se estaba levantando el complejo se encontraba "dentro de la Subzona C1, calificada como Área Natural de Interés General", dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Después de 15 años es una realidad judicial incontestable que el hotel no debió encastrarse nunca en el monte que abriga el paraje del El Algarrobico, ni adentrar sus cimientos hasta casi la orilla de su playa, pero también lo es que, desde hace apenas 72 horas, su inevitable demolición es más asequible y entraña menos riesgos para las arcas públicas.

La Audiencia Nacional (TS) acaba de eximir a la administración de responsabilidad alguna en el descalabro "económico y moral" de más de 70 millones de euros que la promotora del hotel alega le ha supuesto este macroproyecto, el primero de un desarrollo urbanístico hotelero y residencial que abarcaba El Algarrobico y paraje aledaño de El Canillar.

La sentencia no es firme, tiene recorrido aún en casación ante el Trbunal Supremo, y no es la última que debe decidir si hubo "negligencia y desidia" en la actuación del Estado, la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento ya que aún tienen que pronunciarse sobre la cuestión la misma sala de la Audiencia Nacional, y en otros dos procedimientos que ahora suspendidos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sí es, no obstante, la primera resolución judicial que resuelve especificamente sobre las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por la empresa y falla que no se le debe nada a Azata. Es más, condena en costas a la promotora.

"Que los propietarios del hotel no tengan derecho a indemnización es un aviso a los que construyen en terreno protegido e invaden la costa. Ahora hay que pedir al Estado y a la Junta que no cumplan el acuerdo de demolición y que derribe el propietario a su costa", sostiene el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez.

Domínguez se refiere al protocolo suscrito en 2012 que dio lugar a la comisión mixta Estado-Junta para la demolición del hotel y la rehabilitación ambiental del paraje en una actuación global para restaurar la legalidad urbanística que Tragsa cuantificó en 7,1 millones de euros.

Pocas horas después de hacerse pública la sentencia de la Audiencia Nacional, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, valoraba en sus redes sociales la "buena noticia" por "acercar el final de un símbolo terrible de los excesos sobre el litoral" al tiempo que anunciaba que su departamento iba a estudiar en qué medida podría permitir "acelerar de una vez por todas el derribo".

"Las administraciones han estado usando los pronunciamientos judiciales y el si tenían o no que indemnizar en un proceso muy pernicioso para no ejecutar la demolición, pero ahora se quedan sin una de sus excusas", asegura la responsable de campañas de Greenpeace, Pilar Marcos, quien espera que, a partir de ahora, "haya un impulso".

GRANADA, LA PENÚLTIMA PALABRA

La última sentencia de la Audiencia Nacional acercaría la demolición, pero el fallo que puede precipitarla aún no se ha producido. EL TSJA debe decidir, a instancias de Greenpeace, si obliga al Ayuntamiento de Carboneras a abrir expediente de demolición sobre el hotel y si considera que la licencia municipal de obras que se concedió en 2003 ha "caducado y ha perdido sus efectos".

En este pleito, Greenpeace sostiene que la propietaria del hotel sí ha reconocido en autos que "no se pueden reanudar las obras por imperativo legal" pese a que defiende que la licencia de obras "sigue vigente" ya que no ha sido anulada por ningún tribunal y "no se puede demoler el hotel".

Mantiene, asimismo, que Azata ha incurrido en causa de "caducidad" porque, tras la sentencia firma de julio de 2014 que negaba "la posibilidad de revisar de oficio la licencia de obras", pudo reanudar la construcción y "no lo hizo pese a contar con la autorización municipal adoptada en pleno extraordinario de 26 de agosto de 2014". Ha caducado y, además, esto no se puede subsanar porque, en la actual situación judicial del paraje, no sería posible legalmente concederle una nueva.

El Ayuntamiento de Carboneras, al igual que la promotora, esgrime esa misma controvertida sentencia de 2014 para asegurar que declarar la nulidad de la licencia, paso previo al expediente de demolición, le ha sido vetada, pero reconoce que el permiso municipal es "inejecutable" debido a que "ha cambiado radicalmente" la normativa vigente con respecto a la que permitió su tramitación en 2003.

Otro de los argumentos que eleva el consistorio a la sala para oponerse a abrir un expediente de demolición del hotel es que debería ir acompañado de una "indemnización absolutamente inasumible económicamente" para las arcas públicas del ente local.

Ambos motivos han quedado debilitados en la fundamentación que hace la Sección Primera de la Audiencia Nacional para desestimar los 70 millones de euros que reclama Azata del Sol, pues recuerda que, si bien el TSJA consideró "por una cuestión de plazos" que no podía anular directamente la licencia de obras, "sí que había méritos para ello".

Para la Audiencia Nacional también resulta definitorio el dictamen de 2017 del Consejo Consultivo de Andalucía que, de forma "elocuente", concluyó que la licencia de obras "no se ajustaba a la legalidad", y que Azata, con el deslinde de la Ley de Costas ya en curso, "prefirió no darse por enterada", por lo que tiene "que soportar el daño derivado por incumplir manifiestamente la ley".

"Que Azata actuó maliciosamente es algo que llevamos diciendo casi 20 años, desde 2013, los colectivos ecologistas", recuerda el abogado ecologista. Pilar Marcos también hace memoria, en este caso para rememorar "como se estuvo a punto de indemnizar" a la promotora. "Casi se hizo", remacha.

Dos años y medio después de paralizar la construcción del hotel de Azata del Sol en 2006, el magistrado Jesús Rivera declaró nula la licencia municipal de obras al estimar "incontestable" que se ubicaba "clamorosamente" en "espacio protegido no urbanizable" y que vulneraba la Ley de Costas.

La sentencia del juez Rivera que luego revocó el TSJA supuso también el freno a la negociación a tres bandas que rabian iniciado el Estado y la Junta de Andalucía con la promotora a raíz de aprobarse el deslinde para una expropiación del suelo por la que Azata pedía 200 millones de euros y las administraciones ofrecían entre "30 y 50 millones de euros" para lograr una "inmediata" demolición.

"¿Qué si alguna vez veremos la playa del Algarrobico sin esa mole? Hay quien dice que, por ahora, el candidato mejor situado para demolerlo es el salitre debido a la abulia y desidia de las administraciones, pero tarde o temprano, lo veremos", concluye Domínguez.