La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el arranque del juicio contra el ex alcalde de Carboneras Salvador Hernández (Gicar), quien se enfrenta a una petición fiscal de 13 años de inhabilitación para cargo público como miembro de una corporación local acusado de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
La vista oral, señalada en dos sesiones que continuarán el 25 de octubre ante el tribunal de la Sección Tercera, dirime si Hernández, actualmente concejal en la oposición, adjudicó supuestamente varios servicios a dos empresas "indebidamente" como "contratos menores" para que los llevara a cabo las "personas de su confianza", pese a "ser conocedor de las irregularidades administrativas" y, según el Ministerio Público, "a sabiendas de su ilegalidad".
En su escrito de calificación provisional, el fiscal considera que el ex alcalde se valió de la junta de gobierno local para adoptar una serie de decisiones administrativas que tilda "contrarias a la ley" ya que habría adjudicado varios servicios a determinadas empresas como contratos menores "tramitándolo indebidamente, afectando los principios de concurrencia y publicidad que deben regir la contratación pública, a pesar de ser conocedor de las irregularidades administrativas".
Estima que el objetivo habría sido adjudicar esas actividades "a personas de su confianza" pese a que, según señala, podía acudir al asesoramiento de la Diputación Provincial de Almería, a cuyos servicios "recurrió en más de 280 ocasiones para consultas tanto en materia económica, jurídica y urbanística como de recursos humanos".
La acusación del Ministerio Público se centra en los contratos realizados a dos empresas entre, al menos, 2011 y 2016 por un importe de más de 300.000 euros mediante su supuesto fraccionamiento para "eludir la publicidad de dichas contrataciones" y contratar "de manera discrecional".
Detalla seis encargos entre 2014 y 2015 para la asistencia técnica a la empresa a la que ya se había adjudicado la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio carbonero y sus determinaciones en julio de 2008.
Junto a estos contratos, alude a informes técnicos y expedientes de licencias de obras firmados por una trabajadora de la mercantil que era "similares como si fuera técnico municipal, ocupando su propio despacho en el área de Urbanismo del Ayuntamiento".
Dicha trabajadora, sobre la que se archivó la causa durante la instrucción, habría emitido al menos diez facturas entre septiembre de 2015 y julio de 2016 por sus honorarios por un importe total de 29.000 euros, a pesar de que "no consta el contrato suscrito" entre la empleada y el Ayuntamiento.
Según sus conclusiones, la Fiscalía estima que el importe total de todas las facturas asciende a 204.918 euros.
A tenor de estos hechos, la fiscal aprecia varias "irregularidades", como que el objeto de las facturas fuera, en esencia, "similar", ya que consistía en "trabajos relacionadas con el Área de Urbanismo".
Asimismo, aprecia que dichas prestaciones tenían un carácter "recurrente", por lo que "debería haberse planificado su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios, sin recurrir al contrato menor o al procedimiento negociado por razón de cuantía", toda vez que "no se acompañan los contratos con los que podrían estar relacionadas las facturas".
La acusación del Ministerio Público también señala que entre 2011 y 2015 el ex alcalde adjudicó a otra empresa seis contratos por 96.000 euros que se habrían tramitado como contratos menores "a pesar de tener un servicio idéntico", ya que eran, según afirma, para "servicios de asesoramiento económico financiero en materia de contabilidad pública local".
