Andalucía cuenta con 2.911.776 hectáreas de su territorio y mares con algún tipo de protección, (81.000 de ellas en espacio marítimo), lo que supone algo más del 32 % de la superficie de nuestra Comunidad.

Entre dichos espacios destacan el Parque Nacional de Doñana y el de Sierra Nevada, además de hasta 24 Parques Naturales repartidos por las sierras y franjas litorales de las ocho provincias andaluzas.

Y por eso sorprende que una fecha tan señalada como la del 24 de mayo, “Día Europeo de los Parques Naturales”, haya pasado sin pena ni gloria para la mayoría de estos espacios y para la ciudadanía en general, ya que en el mejor de los casos solo se ha celebrado ésta efemérides programando algunas visitas con pequeños grupos familiares y escolares o realizando actividades puntuales de recogida simbólica de basuras en estos espacios protegidos.

La mayoría, eventos con un marcado cariz testimonial y con muy poco contenido tendente a que aumente la concienciación social sobre la singularidad, la fragilidad y las condiciones de calidad ambiental de los mismos y de mantenimiento de nuestros parques Naturales, o la importancia de dichos espacios en una situación de emergencia climática y sanitaria como la que padecemos.

En este sentido, hay que recalcar que el lema propuesto a nivel europeo para celebrar éste evento: “Parques, la próxima generación”, no está escogido al azar, sino que se justifica al considerar la Federación Europea de Parques (EUROPARC), que la conservación de la naturaleza es esencial para responder con mayor éxito a los impactos derivados del cambio climático y sobre todo cuando estos espacios naturales se pueden convertir en un magnífico aliado para poder practicar deporte o disfrutar de la naturaleza  en condiciones seguras mientras dure la actual pandemia.

 

Pues bien, ante esta situación veamos cual es el panorama en nuestra tierra, en la que pese a la “Revolución Verde” que está tan orgulloso el presidente de la Junta de Andalucía de impulsar, los hechos nos dicen que esa pretendida apuesta por una transición ecológica es más postureo que realidad a tenor de la normativa que la propia Administración Autonómica promulgó en marzo del año 2020, mediante Decreto Ley, (en pleno confinamiento y con la excusa de mejorar y simplificar determinados procedimientos administrativos para reactivar la economía); con el que se modificaron buen número de leyes y decretos en materia energética, medioambiental, de salud, de ordenación del territorio y de urbanismo.

Y que continuó este año con la promulgación de un nuevo decreto dirigido contra la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, (Ley GICA), y que ha supuesto una nueva rebaja a la ley de tipo ambiental más avanzada no solo en Andalucía, sino también en el resto del país.

 

Porque todas estas desregulaciones ya empiezan a afectar a los entornos y al interior de los propios Parques Naturales cuando, por ejemplo, se eliminan determinados informes sectoriales en los PGOUs para autorizar la realización que en suelo no urbanizable se puedan instalar infraestructuras de “interés general” (de tipo hidráulico, mega plantas fotovoltaicas o eólicas, tendidos de alta tensión o el aprovechamiento de recursos minerales).

También estos espacios protegidos se sienten agredidos cuando se simplifican los requisitos medioambientales para la autorización de actividades turísticas o industriales y se sustituye el régimen de Autorización Ambiental Unificada que hasta ahora se venía exigiendo para la aprobación de un determinado proyecto,  por una simple “Calificación Ambiental”, mucho menos exigente; que igualmente  ven  afectados su conservación e integridad si se reducen los requisitos respecto al impacto de la huella de carbono en determinados productos y servicios que se generan en los entornos de dichos Parques, o se consiente la posibilidad de que se puedan recuperar voluntariamente terrenos contaminados mediante el confinamiento in situ del suelo tratado.

 

En fin, un auténtico despropósito que no solo atenta contra el mantenimiento de nuestros espacios protegidos en unas condiciones óptimas para preservar su biodiversidad y singularidad en amplias zonas de nuestra Andalucía “vaciada”; sino que también pone en riesgo la continuidad de estas áreas como mitigadoras del cambio climático o como lugares estratégicos para experimentar modelos de desarrollo rural sostenible.

Y por eso es tan estimulante que en algunos de estos espacios como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que ya sufría desde hace años la presión agrícola, la sobreexplotación de sus escasos acuíferos, el urbanismo descontrolado o la actividad extractiva; con la proliferación de proyectos de rehabilitación de cortijos en ruinas en el interior del Parque para convertirlos en “hotelitos con encanto”, se haya generado una ola de repulsa materializada en una masiva recogida de firmas en contra que ya alcanza las 258.680 personas entre  vecinas y visitantes de este singular y frágil espacio natural.

 

Manuel Pérez Sola

Coportavoz de Verdes Equo Andalucía