Más de 6.300 clientes de alta tensión, en su mayoría administraciones públicas, pueden quedarse sin luz en enero por no haber contratado su suministro en el mercado eléctrico y seguir acogidos a la tarifa regulada, según datos de las principales compañías eléctricas recabados por Efe.

Estos usuarios deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio, que posteriormente se amplió seis meses.

Desde entonces, estos usuarios sufren recargos en su factura, que inicialmente fueron del cinco por ciento al trimestre y que desde julio de este año son del veinte por ciento sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), la única que fija el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Industria consultadas por Efe apuntaron que el Ejecutivo no tiene previsto aprobar una nueva ampliación, por lo que las comercializadoras podrán cortar la luz a estos clientes indebidamente acogidos a tarifa salvo en el caso de servicios esenciales, como pueden ser los hospitalarios, el alumbrado urbano o las instalaciones militares.

El consumidor medio de luz eléctrica –con un consumo mensual de 266 kw– ha pagado 4,05 euros más en la factura de la luz con respecto a 2008, lo que supone un incremento de un 9,6%, según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.

Dicho estudio analiza los incrementos en las tarifas de los servicios que regulan las administraciones públicas: Gobierno central (energía eléctrica y gas), gobiernos autonómicos (Inspección Técnica de Vehículos) y ayuntamientos (agua, taxi y autobuses urbanos).

A tenor de estos datos, Facua ha criticado las “importantes” subidas en la factura de energía eléctrica, a lo que hay que sumar, según el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, que “con el nuevo modelo de tarifa, los 12,5 primeros kw consumidos al mes que antes eran gratis, ahora se pagan”.