El Ejecutivo andaluz aguanta a base de aritmética mirando de reojo a las urnas

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos cierra el año calmando levemente los ecos de un adelanto electoral, al que mira de reojo, tras conseguir sacar adelante algunas de sus normas estrella gracias a la aritmética parlamentaria, a derecha e izquierda, clave para un Ejecutivo en minoría tras el divorcio con Vox.

El objetivo de este Gobierno, el último gran bastión autonómico de los pactos entre PP y Cs, es llegar al verano, unos meses antes de que se acabe la legislatura (noviembre), y para ello deberá redoblar su esfuerzo negociador en mitad del ambiente preelectoral que, sin duda, se vivirá en la Cámara a partir de febrero, cuando empiece el nuevo periodo de sesiones.

Los vaivenes políticos y ese cálculo electoral se han dejado ver ya en los últimos meses de este año. Lo que en septiembre eran buenas intenciones para negociar las cuentas terminaron con los presupuestos prorrogados en 2022 y con la vuelta a las viejas acusaciones entre PP y PSOE, así como con una ruptura total con Vox, que sólo quiere elecciones.

Una vez que los presupuestos fueron tumbados, con el rechazo de todos los partidos no gobernantes, desde el Ejecutivo comenzó el discurso de "la pinza PSOE-Vox", que se ha visto contrarrestado posteriormente por la realidad parlamentaria.

Han salido adelante varios decretos y leyes con apoyos de un lado y otro, entre ellos la ley del Suelo (con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE) y el decreto de simplificación administrativa (con Vox), dos de las normas estrella de la legislatura.

También se ha aprobado este año una tercera rebaja de impuestos (con Vox) y la creación de la Agencia TRADE, que fusiona otros cuatro entes económicos de la Junta (con el PSOE).

El Gobierno confía en mantener ese equilibrio en los próximos meses como salvavidas para poder seguir gestionando, entre otros asuntos, lo vitales fondos Next Generation, aunque es consciente de que cada semana lo tendrá un poco más complicado y constantemente recuerda la amenaza del "bloqueo" en el Parlamento.

La convocatoria electoral en Castilla y León rebaja algo la presión sobre Andalucía, ya que los focos se alejan temporalmente de la comunidad, que ya no abrirá el ciclo electoral y no será por tanto el banco de pruebas, como ocurrió en 2019, para medir dónde están PP y PSOE, qué fuerza real tiene Vox o el declive de Cs.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, prefiere aguantar hasta el máximo posible la legislatura, y más ahora que tendrá en Castilla y León el sondeo más real de cómo están las cosas.

Moreno, situado en el ala moderada del PP, prefiere gobernar con Cs antes que con Vox y mantiene una excelente relación con el que es su socio en el Ejecutivo, el vicepresidente Juan Marín, binomio que aspira a repetir, aunque todos los sondeos le dicen que su sostén debería ser el partido que lidera Santiago Abascal.

La situación para Juan Marín es mucho más complicada: se prevé una fortísima caída de Cs y, aunque en Andalucía aguantaría algo mejor que en otras comunidades, parece que no sería suficiente para repetir una legislatura más el gobierno bipartito.

Por ello, la fórmula de las listas conjuntas ya ha aparecido este año y no está descartada. Ahora mismo, Moreno sabe que no le interesa porque el PP se queda con el nicho de votantes de Cs, pero los populares prefieren aplazar ese debate unos meses y afrontarlo con más certezas cuando se acerque la convocatoria electoral, por mucho que Génova lo descarte totalmente.

Está por ver también el peso que tendrán las previsibles polémicas que puedan salpicar al Gobierno en su último año, la más reciente la citación como investigada de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en el caso "Hispano Almería", que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de esa provincia.

El Ejecutivo también ha tenido que capear la filtración de una grabación de Marín con su grupo admitiendo que no les interesaba aprobar los presupuestos, algo que terminó de dinamitar la negociación y dio munición al PSOE.

Además, la pandemia, en pleno ascenso de la sexta ola, está tensionando el sistema sanitario público y son cada vez más habituales las protestas de profesionales sanitarios y sindicatos, que llevan meses criticando que no se mantuvieran 8.000 de los 20.000 contratos extraordinarios que se hicieron por la covid-19.

La oposición se prepara, las pancartas se empiezan a desempolvar y los discursos ya no apuntan a meros ciudadanos, sino a los valiosos votantes, a la espera de que Moreno decida, unos meses antes o después, pulsar el botón electoral.