El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), anunció hoy que va a formular una demanda contra la Consejería de Educación por la publicación de nombres de menores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Seco explicó en declaraciones a Europa Press que tras conocer la decisión de la Fiscalía sevillana de archivar las diligencias incoadas para investigar el caso se ha reunido con los afectados, con quienes ha acordado demandar a Educación atendiendo a la Ley de Protección Jurídica del Menor. En esta línea, el letrado lamentó que la Fiscalía no interpusiera una demanda a pesar de reconocer que la Junta lesionó derechos fundamentales de los menores. Y es que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, argumentó que emprender acciones tendría “tintes negativos” para los intereses de los afectados por la trascendencia de la acción procesal. Al respecto, Carlos Seco se preguntó si la Fiscalía “no tiene mecanismos para garantizar la protección de los derechos” porque “todos los días declaran menores” en distintas dependencias judiciales y “sus derechos no son vulnerados”.
En esta línea, el letrado insistió en destacar que va a presentar la demanda pues “la protección del derecho no se repara con el archivo” de la Fiscalía, por lo que, según concluyó, se ha producido “una falta de protección jurídica”.
archivo de las diligencias
En la mañana de ayer la Fiscalía de Sevilla informó de la decisión de archivar las diligencias que incoó hace un mes aproximadamente para investigar todo lo relacionado con la publicación de nombres de menores objetores de EpC en el BOJA. En este sentido, la propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, manifestó que para el Ministerio Público tiene “mayor relevancia la defensa de los intereses de los menores a mantener la privacidad de la decisión de instar el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia”, frente “al ejercicio de unas acciones civiles encaminadas a obtener una indemnización adecuada a la trascendencia de la intromisión”.
En la resolución de la investigación, que fue abierta después de que lo solicitara por escrito el Partido Popular y una procuradora que representa los intereses de distintos padres implicados en el caso, la fiscal jefe concluye que la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación "produjo la lesión del derecho a la intimidad de los menores afectados" al publicar las resoluciones para sustituir la notificación personal de las mismas. Segarra entiende que "la vulneración del derecho a la intimidad que se ha producido con la publicidad dada en BOJA a las resoluciones administrativas afecta de forma directa a los menores afectados, que deberían comparecer en el procedimiento para ser oídos judicialmente, de manera que adquiriría tintes negativos para los intereses de los menores dada la trascendencia que cobraría la acción procesal llamando si cabe más la atención de todo su ámbito de conocimiento sobre esta opción personal".
Todo parte de una resolución emitida el pasado 15 de septiembre por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y publicada en el BOJA el 1 de octubre inadmitiendo o desestimando un total de 81 solicitudes de objeción de conciencia a la citada materia. Las resoluciones, según figura en este documento, son publicadas al resultar infructuosa su notificación en los domicilios registrados en cada uno de los expedientes. En concreto, se trata de 81 actos administrativos de inadmisión o desestimación de las solicitudes de objeción en las que quedan registrados tanto el nombre de la persona que formula la petición como el del alumno o alumna afectada por el expediente, aludiendo a hermanos muchas de las citadas resoluciones.
