El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho este martes un llamamiento a "seguir recorriendo el camino hacia la igualdad y a ondear la bandera arcoiris como un gesto de conquista social", ya que, ha añadido, "no podemos permitir ningún intento de represión y regresión de los derechos conseguidos para el colectivo Lgtbiq+", en referencia a la prohibición por parte del Gobierno de Castilla y León de proyectar en las Cortes los colores que reivindican esta lucha.
Durante el acto oficial de lectura de la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros con motivo del Día Nacional del Orgullo, Fernández, que ha estado acompañado por la diputada nacional Carla Antonelli, subdelegados y otros representantes del colectivo, ha asegurado que una bandera "no sólo ondea al viento, sino que agita conciencias, nos recuerda el valor de llegar hasta aquí y la satisfacción de lo conseguido".
"Hoy, 28 de junio, más que nunca reivindicamos que las personas somos diferentes y diversas, una diferencia que nos enriquece y nos hacen fuertes como sociedad", ha defendido Fernández, que ha reafirmado "el derecho de toda la ciudadanía a vivir una vida plena sin encontrar en su camino ningún tipo de discriminación, ningún obstáculo a la igualdad de trato y de oportunidades, en definitiva, ningún impedimento para la autodeterminación personal".
Y en esta labor, ha explicado, "se encuentra el Gobierno progresista de España, como demuestran las iniciativas legislativas que ha desarrollado o están en desarrollo: La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación; el derecho de acceso a la reproducción asistida de las mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales; el segundo plan de acción contra los delitos de odio; la nueva ley del deporte y el Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las personas Lgtbi aprobado este pasado lunes en Consejo de Ministros, que acuerda tramitarlo por la vía de urgencia".
En opinión de Pedro Fernández, "la obligación del Gobierno es frenar los discursos de odio, garantizar la dignidad y la libertad de las personas, sin importar su identidad u orientación sexual", de manera que todas las personas "puedan ejercer, sin miedo y con respeto, todas las facultades y derechos que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas".
No obstante, durante su intervención ha ofrecido algunos datos que demuestran que las reivindicaciones del colectivo LGTBI "siguen muy presentes", ya que "aún hoy muchas personas se encuentran con barreras que les impiden desarrollarse plenamente, causándoles un inmenso dolor y frustración". Así lo demuestra, ha dicho, el "preocupante" incremento de los delitos de odio que recoge el último informe del Ministerio del Interior, en el que se advierte de un aumento de un 41% de estos delitos en los últimos 5 años.
Por ello, ha garantizado que el Gobierno de España "no permitirá desandar el camino que tanto ha costado construir, un camino basado en el respeto, en la lucha social y política de personas pioneras que batallaron por la defensa de igualdad, esa igualdad que se construye paso a paso, día a día".
Por su parte, la diputada nacional y activista de los derechos de las personas transexuales Carla Antonelli ha reconocido el "paso de gigante" que se ha dado con la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley Trans y de Derechos de las personas Lgtbi, pasando así a la fase de tramitación en el Congreso.
No obstante, ha apuntado que "la lucha continua" porque "mientras no seamos libres, ninguna seremos libre". "De manera que este 28J comenzamos a andar una nueva era para la autodeterminación de las personas trans, nuestra propia emancipación. Nos hemos cansado de tutelas", ha subrayado.
Asimismo, ha llamado a lo ocurrido el 28 de junio de 1969 cuando el colectivo homosexual se levantó en Nueva York contra su represión. "Recordar para no olvidar y para no repetir", ha remarcado.
Además, ha recordado que, en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya dijo que "no era un transtorno mental" y, por tanto, "no se puede pedir un diagnóstico" al respecto. "No queremos más tutelas. No tiene ni pies ni cabeza", ha concluido.
