Creo que a nadie le resulta ajeno el problema que las trabajadoras de ayuda a domicilio están teniendo en San Fernando. Las redes sociales claman por esto y las trabajadoras están manteniendo una vigilia ininterrumpida, en justa lid por la atención a sus demandas. Hoy quiero dar voz a estas trabajadoras a quienes se da menos importancia de la que tienen: son las cuidadoras que nos auxilian en el cuidado de nuestros mayores y, en un país con la población tan envejecida como es España, esto no debería ser cosa baladí.
Trataré de no extenderme demasiado, siendo peliagudo el asunto que nos ocupa hoy; no obstante, soy consciente de que será muy difícil ser breves al tratar esta materia. El problema nace, para no variar, con la externalización en la gestión de los servicios públicos. Sí, la Administración competente (en este caso, el Ayuntamiento) es la responsable en última instancia de las consecuencias que una buena o mala gestión pueda tener. Pero, más allá de la responsabilidad civil subsidiaria por parte de las instituciones, la responsabilidad directa recae sobre las empresas concesionarias. Y, honestamente, echo de menos cierto control y acciones correctivas cuando las empresas incumplen las condiciones bajo las cuales se licita la adjudicación de los distintos servicios (y que no son baratas precisamente).
De entrada, en el caso de San Fernando, las trabajadoras reclaman el pago de unos 200.000 euros adeudados por la empresa adjudicataria en concepto de horas de formación. Dichas horas son parte de su trabajo y deben impartirse en horario laboral: su impago equivale a no pagar horas de trabajo efectivo. Del mismo modo, piden que se les proporcione la totalidad del vestuario al que la empresa está obligada. Ojo, estamos hablando de que el montante de dicho vestuario más las horas de formación no abonadas está incluido en la cantidad que el Ayuntamiento paga a la empresa. Y yo me pregunto: ¿nadie controla esto? ¿Nadie se cerciora de que aquello por lo que se ha pagado o se paga se lleve a cabo? Lo mismo ocurre con la subida salarial que ya se presupuestó en el contrato con la empresa, nada menos que un 4,5%: ¿nadie va a verificar que el dinero de todos los isleños que se ha invertido en el servicio de ayuda a domicilio se dedique a que se cumpla lo contratado? Si yo pago cinco kilos de patatas, quiero que me den cinco kilos de patatas. Si gasto dinero en una puerta de aluminio, compruebo que no me pongan una de PVC. Si el Ayuntamiento paga una cantidad por que se cumplan una serie de
condiciones, lo mínimo es asegurarse de que se cumplan. No vaya a ser que alguien se lleve un dinerito extra a base de tomarnos a todos por gilipollas.
El tiempo de descanso y la lógica conciliación de la vida familiar y profesional tampoco debe omitirse. Las trabajadoras piden la jornada de 35 horas semanales, piden mejoras en su salud laboral, tanto física como psicológica. A veces tienen que mover a una persona en peso muerto, sin que la persona pueda colaborar en la maniobra. Los hombros y las espaldas tienen un límite. Por no hablar de la implicación emocional que suele surgir con el cuidado continuo y la dureza de las imágenes que procesan sus retinas: la ayuda a domicilio es un trabajo duro, muy duro. Ahora súmenle a esto la acumulación de horas, la vida personal y familiar que sumará más quehaceres y díganme cuál es el resultado. Se lo anticipo: personal cuya salud queda comprometida y, con ella, el cuidado de nuestros mayores y dependientes.
Termino pidiendo seriedad por parte de las Administraciones y de las empresas adjudicatarias. No estamos hablando de cargar sacos de cemento o cajas de verduras. Estamos hablando de cuidar personas que no pueden valerse por sí mismas. Y, si ninguna institución va a controlar que lo acordado y pagado se cumpla, que el servicio pase a tutela pública sin empresas de por medio y pase a ser directamente responsable. Así, aunque sea cada cuatro años, podremos dirimir responsabilidades. Así se puede demostrar capacidad de gestión. Así se deja de escurrir el bulto.
