La ley de atención temprana, que debe regular las condiciones para atender a los menores de seis años con trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlos, lleva años sobrevolando el Parlamento andaluz sin éxito hasta ahora por parte de las iniciativas de ninguno de los grupos.

Una situación, todo indica, próxima a cambiar después de la aprobación este viernes por parte del nuevo Consejo de Gobierno de su primer proyecto de ley en esta legislatura, dedicado a esta materia, tal y como había avanzado en su discurso de investidura el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El actual presidente del Parlamento y anterior titular de Salud, Jesús Aguirre, había señalado también poco antes de dejar el cargo que el texto que quedó "en ciernes" en la etapa anterior llegaría a la Cámara lo antes posible.

Y es que el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos aprobó en marzo de 2021 un anteproyecto de ley, que ahora pasa ya al Parlamento como proyecto, con el objetivo de "regular las condiciones básicas que garanticen el derecho a la atención temprana de la población infantil menor de 6 años que padezca trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, sus familias y entorno, en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal". 

PROPUESTAS ANTERIORES

El anteproyecto del Gobierno no llegó a tiempo de ser tramitado en el Parlamento, por lo que la última referencia legal en atención temprana es el Decreto 85/2016, de 26 de abril, aprobado con la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta, cargo al que había llegado con el apoyo de Ciudadanos en la investidura.

Precisamente la actuación de la formación naranja había sembrado la polémica en la Cámara dos meses antes al rechazar junto al PSOE, después de haber apoyado en un principio, una proposición no de ley presentada por Podemos el año anterior.

En la elaboración de ese texto había tenido un activo papel la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, varios de cuyos componentes participaron en la redacción del texto y cuyo portavoz, Antonio Guerrero, lamentó "con rabia e indignación" su rechazo.

"En aquel pleno, al que asistieron familias desde Huelva a Almería o desde Jaén hasta Cádiz, nos levantamos, muy tristes, con rabia por haber sido engañados", recordaba hace apenas un mes Guerrero, que insistía en la necesidad de contar con esta ley.

Guerrero desvelaba que contaba con la "promesa personal" de Moreno de que la ley de atención temprana fuera la primera en ser aprobada y recordaba que el texto del año pasado "se basó en aquella que fue rechazada pero mejorada y actualizada".

Por el camino quedan ya la proposición no de ley que Podemos, PP e IU registraron en abril de 2017 como alternativa al texto de PSOE y Cs de unos días antes, o la iniciativa del PSOE en julio de 2019 que contó con el apoyo de Adelante pero cuya toma en consideración evitaron PP, Cs y Vox con su rechazo.

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS

El proyecto de ley recién aprobado por el Gobierno del PP concede un papel fundamental a las familias y apuesta por la investigación de los diagnósticos para una mayor precisión a la hora de abordar la atención, y surge, según la Junta, tras un proceso de diálogo con familias, entidades, asociaciones y los propios profesionales del sector.

El nuevo texto contempla expresamente los derechos de los menores y su entorno familiar y promueve la participación, estableciendo un sistema de garantías para dar efectividad a estos derechos.

Por otro lado, se redefinen las unidades de Atención Infantil Temprana como unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo, una denominación "más acorde a su composición, funciones y especialización de los profesionales que lo componen". Estarán ubicadas en Atención Primaria, donde se llevará a cabo el seguimiento, diagnóstico, orientación y valoración de las necesidades de los menores. 

En 2021 fueron atendidos en Andalucía 19.418 menores en los servicios de atención temprana. A partir de esta población diana, la nueva ley estima que, con ocho sesiones al mes por menor, en Andalucía se alcanzarían al año casi 1,9 millones de sesiones, con un presupuesto cercano a los 51,5 millones de euros.