La tasa de pobreza y exclusión social para la población menor de 18 años en Andalucía se sitúa en el 43,7 por ciento, -más de cuatro de cada diez-, según ha alertado Unicef y el Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, coincidiendo este lunes con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza.

Las cifras, extraídas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE registran un incremento de más de seis puntos respecto a 2020, que se situaban en el 37,4 %, un dato que sitúa en esta franja a unas 680.000 personas menores de 18 años, informa este colectivo en un comunicado.

Jesús Maeztu y la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra, han alertado sobre el aumento de la tasa de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) para la población menor de 18 años en Andalucía, y han destacado que se ha producido un incremento de más de 6 puntos respecto a 2020.

Las cifras superan en más de 10 puntos la media nacional, que es del 33 %, que a su vez también empeora en casi dos puntos (un 1,9 %), lo que mantiene a un tercio de la población española menor de edad en riesgo de pobreza o exclusión social.

En los niveles más intensos de pobreza, Andalucía también experimenta una subida, de forma que el 11,4 % (unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma) están en situación de carencia material severa, eso supone más de 1 de cada 10.

Esta tasa aumenta más de un 2 % a nivel andaluz, mientras que la media nacional prácticamente se mantiene (8,9 %).

El porcentaje de menores de 18 años andaluces cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, (el 18,1 %), ha mejorado en 0,6 puntos respecto al año pasado, aunque empeoran algunos de los elementos más críticos y que denotan un muy alto nivel de privación, como no tomar al menos una comida de carne, pollo o pescado al día (el 6,6 %, un 1 % más que en 2020).

También no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43 % de las familias) o no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1 % respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3%.

De modo similar el 13,7 % de los menores de 18 años en Andalucía viven en hogares con baja intensidad en el empleo, un 5 % más respecto a 2020.

Las familias con hijos a cargo sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda, algo que se agrava, especialmente, en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero.

Las cifras siguen mostrando que la población infantil es la más afectada por la pobreza y la exclusión social y avanzan los efectos de la pandemia en las familias, ya que los datos corresponden a 2020.

Ahora, con este aumento hasta el 43,7 % se acerca a los peores datos registrados, el 46,9 % de 2016 y el 48 % de 2015, coincidiendo con la anterior crisis económica.

Las cifras advierten del impacto en 2020 de la pandemia en esta nueva crisis, donde los datos de pobreza y exclusión para la infancia y la adolescencia siempre superan los datos para la población total.

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF han reclamado "una mayor y más eficiente inversión" en infancia, no solo por los preocupantes datos de pobreza infantil que se registran hace años, sino "porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para las familias".

Proponen situar la infancia como "prioridad" presupuestaria en el conjunto de las políticas, tal y como establece la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en 2021; alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia y; realizar los análisis presupuestarios evaluando la orientación del gasto, su distribución sectorial, su impacto y su eficacia en términos de equidad para la infancia.